“No hay argumentos para seguir bloqueando”, afirmó la tarde de este jueves el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, anunciando para las 16:00 en Palacio Quemado la promulgación de la Ley de Elecciones, sancionada este mediodía en la Cámara de Diputados.
La autoridad informó que son más de 40 personas las que perdieron la vida por falta de oxígeno en el país en los 10 días de protestas que protagonizaron las organizaciones sociales afines al MAS. Instó a que ahora se abra el paso en las carreteras a alimentos e insumos médicos.
“Ese es un tema político, son grupos minoritarios que no les interesa la salud ni la economía, solo generar caos, lamentamos esa posición, la rechazamos y aceptamos la decisión del órgano electoral de ir a elecciones el 18 de octubre”, dijo la autoridad ante los pedidos de renuncia que surgen contra la jefa de Estado, Jeanine Áñez.
Reiteró que, con la vigencia de la norma, que da un plazo hasta el 18 de octubre para organizar los comicios generales, “ya no existe ningún justificativo para sostener estas medidas de presión”, por lo que convocó, nuevamente, a suspender los bloqueos.
El debate en el Legislativo concluyó, pero -según la Policía-, 15 puntos de bloqueo persisten solamente en la carretera La Paz-Oruro. El MAS dice que eso pasa sólo en el occidente, mientras que el oficialismo pide "voto castigo" para el partido de Evo Morales.
“La presidenta promulgará de inmediato la ley y con ello se ha logrado nuevamente la pacificación del país”, destacó el ministro, que anticipó también que la caravana de oxígeno que partió el lunes de Santa Cruz llegará a La Paz la madrugada de este viernes.
Ayer el Pacto de Unidad y la COB se abrieron a deponer su protesta contra el cambio de fecha de los comicios e inmediatamente el Senado aprobó la ley que da un nuevo plazo al ente electoral; hoy la norma fue validada por la Cámara Baja y será promulgada por el Ejecutivo esta tarde.
La disposición advierte con procesos penales contra quienes pretendan cambiar nuevamente la fecha del sufragio e insta al Gobierno garantizar los recursos necesarios para que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) lleve adelante los comicios en medio de todas las medidas de bioseguridad.