Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), envió una nota al Gobierno de la presidenta Jeanine Áñez, ante el decreto supremo que penaliza la “desinformación”.
Mediante su cuenta en Twitter, la autoridad regional sostuvo: “No es compatible con sistema Interamericano uso del derecho penal para expresiones de interés público. La desinformación se combate con acceso a información pública”.
El 7 de mayo, la presidenta Jeanine Áñez aprobó el Decreto Supremo 4231 que modifica los alcances de los decretos 4119 y 4200, estableciendo sanciones penales a la difusión de la información “escrita, impresa y/o artística” que genere “incertidumbre en la población”.
Lanza considera que esa disposición debe adecuarse a la normativa vigente en el sistema interamericano, con la finalidad de garantizar la libertad de expresión de la población.
Esta jornada, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, defendió del decreto, señalando que el 98 por ciento de la población que acata la cuarentena no debe temer porque la penalización está dirigida a quienes desinforman para que se incumpla el aislamiento por Covid-19.
“Hay pequeños grupos que tratan de distorsionar la información, tratan de generar incertidumbre y temor en la población para que se contagie con este virus”, sostuvo en conferencia de prensa.
El nuevo decreto 4231, modifica parcialmente los decretos 4199 y 4200, que sancionan la desinformación como delito contra la salud pública. La nueva norma señala que quienes difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa o artística, serán pasibles a denuncia penal