Con el precio del oro en permanente escalada, el país debería recibir mayores ingresos, dado que cada vez son mayores los operadores y existe una Ley del Oro, que tiene por objeto la compra del metal en el mercado interno para el fortalecimiento de las Reservas Internacionales y efectuar operaciones financieras en los mercados internacionales.
A media mañana de este jueves, la cotización internacional de la onza troy del metal precioso bordeaba los 2.690 dólares, una subida que no se detiene desde hace tres meses.
Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que, entre enero y agosto de este año, el país exportó oro metálico por un valor de 518,2 millones de dólares, lo que representó una disminución del -71,7% respecto al mismo periodo de 2023, cuando se vendió 1.833,6 millones de dólares.
Para el analista especialista en minería de la Fundación Jubileo, Héctor Córdova, llama la atención que la producción de oro registrada hasta agosto en el país, es la quinta parte de lo que estuvo registrado en el mismo periodo de 2022, y la cuarta parte de lo que estuvo registrado el año pasado. “Hasta agosto de este año se han registrado 8 toneladas de oro exportadas, y el año pasado eran 33, y el anterior (2022) eran 41”, resaltó.
La explicación que brinda el analista es que el oro peruano que ingresa de contrabando a Bolivia no se estaría registrando legalmente para exportarlo de la misma forma. “Eso ocurría porque se necesita registrar el oro para que circule en el mundo de manera normal (legal), porque la carga fiscal en Bolivia es bajísima comparada con la carga fiscal en el Perú; aquí se paga solamente 1,5% de regalías, porque declaran que la venta es interna”, explicó.
Sin embargo, a raíz de la escasez de dólares en Bolivia, los productores bolivianos estarían contrabandeando oro hacia el Perú para recibir el pago en divisa estadounidense. “No sabemos cuánto está saliendo. Y, por otro lado, cada vez que sube el oro a niveles tan altos, despierta la ambición de la gente y aumentan los operadores ilegales y eso nos provoca un daño muy fuerte económicamente, porque no pagan nada de regalías, ni impuestos y todavía reciben combustible subvencionado”, lamentó Córdova.
En ese sentido, explicó que a raíz de lo engorroso que significa regularizar los trámites ante la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y que los contratos de operación deben ser aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), muchos explotadores “se lanzan” a la extracción de manera ilegal.
El experto calculó que en estos momentos existen más de 1.000 operadores ilegales, sobre todo en el norte del departamento de La Paz.
“El Estado debería descentralizar el control de las explotaciones auríferas, porque el Senarecom (Servicio Nacional de Registro y Control de Comercialización de Minerales y Metales) no alcanza para controlar todo. Hoy estamos viendo cómo se ha registrado la quinta parte de lo que se registraba hace dos años, y no puede ser que el Estado pierda hasta esa miserable regalía que pagaban los mineros”, aseveró el analista de Jubileo.