Tras violentos incidentes protagonizados por decenas de jóvenes, esta semana los visitantes de las piscinas al aire libre de la capital de Alemania han tenido que mostrar, para poder ingresar en ellas, su documento de identidad, con su fotografía, y sus bolsos han sido controlados por equipos de guardias de seguridad recién contratados. "No queremos espacios sin ley", declaró el alcalde de Berlín, Kai Wegner, en la piscina Prinzenbad de Kreuzberg.

Frustración entre el personal de la piscina

La Policía cerró la piscina al aire libre Columbiabad, en el barrio de Neukölln (sur), tras una reyerta a principios de julio. Tuvo que permanecer cerrada debido a que demasiados empleados se ausentaron por enfermedad.

En una carta enviada a la dirección de las Piscinas Municipales de Berlín (BBB) el 13 de junio, citada por el diario berlinés Tagesspiegel, se afirmaba que el personal de Columbiabad era sometido regularmente a agresiones verbales y físicas, incluidos escupitajos e insultos. Describiendo la "escala intolerable de los acontecimientos", la carta decía que los empleados, las clientas y las minorías -en particular, las personas trans y queer- eran amenazados con cada vez más violencia.

Las estadísticas de la Policía berlinesa muestran que en 2022 se denunciaron 57 delitos violentos en las piscinas al aire libre de la capital alemana. Las piscinas al aire libre de Berlín han vetado el acceso a cerca de 1.300 personas en los últimos cinco años; este año ya se ha prohibido el acceso a 25.

¿Justicia por la vía rápida?

A raíz de los últimos incidentes, el nuevo secretario general de la conservadora Unión Demócrata Cristiana (CDU), Carsten Linnemann, pidió que se procesara a los autores en el mismo día del hecho delictivo. "Cualquiera que ataque a personas en una piscina al aire libre debe sentarse ante un juez ese mismo día, y ser condenado. Incluso en fin de semana”, declaró Linnemann al tabloide Bild am Sonntag.

La portavoz de política jurídica del Partido Socialdemócrata Alemán (SPD), Sonja Eichwede, tachó la propuesta de "puro populismo”, aduciendo que el político conservador, al parecer, "desconocía los principios del Estado de derecho y la realidad a la que se enfrenta el Poder Judicial".

La Asociación Alemana de Jueces (DRB) también criticó las declaraciones de Linnemann: "No resulta muy convincente que los políticos reclamen un Estado de derecho fuerte con una sentencia resuelta el domingo, pero que de lunes a sábado demuestren tan poco respeto”, declaró al Tagesspiegel el portavoz de la DRB, Sven Rebehn.

El alcalde de Berlín, Kai Wegner, ya fracasó en su intento de conseguir un juicio acelerado para enjuiciar a los manifestantes contra el cambio climático este año: un juez rechazó la solicitud alegando que se necesitaba más tiempo para examinar los detalles del caso.

La lentitud de la Justicia

Según Volker Boehme-Nessler, catedrático de Derecho Público de la Universidad Carl von Ossietzky, de Oldenburgo, implantar un sistema de "justicia acelerada" para los acusados de violencia en las piscinas al aire libre no es sencillo.

"Tenemos un Estado de derecho, y lo típico del Estado de derecho es que un tribunal tenga que examinar un caso muy detenidamente antes de llegar a un veredicto", dijo Boehme-Nessler a DW, y advirtió: "La Justicia es lenta por una buena razón; así los casos se examinan a fondo. Es preferible oír a un testigo de más que a uno de menos”.

La legislación alemana concede a veces juicios acelerados, pero sólo en circunstancias muy limitadas. Un requisito es que los hechos y las pruebas estén absolutamente claros. Otro es que la pena potencial sea inferior a un año de prisión. "Sin embargo, si 20 jóvenes se enzarzan en una riña en una piscina, la cosa se complica. (...). No hay forma de celebrar un juicio rápido”, dice Boehme-Nessler.

Mejor es invertir en gestión de conflictos, dice experto

Es de esperar que se produzcan escaramuzas y altercados ocasionales en las piscinas al aire libre, donde hay una gran densidad de hombres jóvenes que buscan "hacerse los importantes" en un espacio reducido, señala Thomas Bliesener, experto en delincuencia juvenil del Instituto de Investigación Criminológica de Baja Sajonia (KFN).

Dice que no hay pruebas que sugieran que la amenaza de un procesamiento por la vía rápida funcione como elemento disuasorio. "Sabemos que la amenaza de castigo no afecta mucho a los delincuentes potenciales", explicó Bliesener a DW. Al tiempo que advirtió que "hay una dinámica especial en estos delitos. (...). Y luego, si un procesamiento fracasara, eso podría tener un efecto búmeran, si no se responsabiliza a nadie: envalentonaría [a la gente] a cometer más delitos", subraya. Y concluye que "sería más eficaz invertir en capacitaciones sobre gestión de conflictos para el personal de las piscinas".

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