Pese a un contexto adverso en el ámbito económico, la cultura de pago en el sistema financiero se mantiene estable. En la actualidad, prestatarios ligados a actividades como el comercio, la manufactura y la agricultura son los que reportan un mejor historial crediticio y son parte de la llamada lista azul de buenos pagadores, según datos la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

Hasta julio, el ente regulador reportó a 740.954 prestatarios que están dentro de la categoría de Clientes con Pleno y Oportuno Cumplimiento de Pago (CPOP). El número es el 38,2% del total de las personas y empresas que adquieren un crédito, un universo que llega a 1.937.775 deudores.

La Ley N°393 de Servicios Financieros reconoce a los consumidores financieros que pagan puntualmente sus créditos, a través de algún tipo de beneficio en sus operaciones crediticias o cuando solicitan un nuevo crédito, precautelando a su vez, los derechos de los clientes y usuarios de servicios financieros

En su reporte la ASFI dice que, de 740.954 prestatarios, 441.608 (59,6%) se han beneficiado de la reducción de sus créditos, lo que implica una disminución del monto a pagar, haciendo sus obligaciones más asequibles y reduciendo el endeudamiento a largo plazo.

Mientras que otros 103.733 (14%) se beneficiaron con ampliación en el plazo de pago, lo que les permite tener cuotas mensuales más bajas y más tiempo para cumplir con sus obligaciones.

Otros de 59.276 deudores han recibido apoyo en la cobertura de los gastos notariales asociados a sus créditos. Esta ayuda reduce los costes adicionales que normalmente se requieren al formalizar o renegociar un préstamo.

En esa línea, 136.335 prestatarios han optado por refinanciar sus deudas, lo que les ha permitido renegociar los términos de sus préstamos, con mejores condiciones en garantías, descuentos en seguros de desgravamen, reducción de comisiones, pago de avalúo y períodos de gracia.

Alcance y tipo de créditos

Según la ASFI estos prestatarios, en su mayoría, mantienen microcréditos y créditos de consumo y se encuentran en sectores como el comercio (21%), la manufactura (18%) y agricultura (18%).

En lo concerniente al sector comercial, uno de los más dinámicos y con mayor actividad en el país, se registran un total de 155.600 prestatarios con buen historial crediticio. Estos clientes forman parte del segmento que impulsa el crecimiento a través de actividades de compra y venta de bienes y servicios.

​Foto: Jorge Gutiérrez

El sector manufacturero, que juega un papel vital en la transformación de materias primas y en la producción de bienes terminados, cuenta con 133.371 prestatarios dentro la lista de buenos pagadores. Estas personas acceden a financiamiento para mejorar sus líneas de producción y para adquirir maquinaria

En tanto que el sector agrícola, uno de los sectores más importantes de la economía que garantiza la seguridad alimentaria, cuenta con 133.371 prestatarios. Los créditos en este sector se utilizan principalmente para mejorar la infraestructura agrícola, adquirir insumos y maquinaria.

La Asociación de Bancos Privados (Asoban) resaltó los beneficios que el sistema ofrece a los clientes incluidos en la denominada ‘lista de línea azul’.

Según la entidad, los usuarios, que han mantenido un historial de pagos intachable, acceden a incentivos y ventajas implementadas por las instituciones financieras para reconocer y premiar su comportamiento responsable.

“La normativa de la ASFI regula estos beneficios, ofreciendo a los clientes la posibilidad de mejorar su relación con las entidades bancarias y contribuir a una mayor estabilidad financiera”, indicaron.

Otro dato importante que resalta la ASFI es el índice de mora que se mantiene en niveles controlados, alcanzando a 3,5%, cifra que se sitúa por debajo del promedio regional de 3,6%.

“Es importante destacar que el país aplica un criterio más estricto al calcular la mora, considerando retrasos superiores a 30 días, mientras que el estándar internacional es de 90 días”, dice la ASFI.

Adicionalmente, es importante resaltar que las previsiones para cubrir la mora alcanzan a 124%, mostrando claramente que las entidades están con adecuados niveles de cobertura de dicha mora.

​Foto: Ricardo Montero

Análisis

Jorge Akamine, presidente del Colegio de Economistas de Bolivia, duda que dentro del sistema formal se premie a los clientes por cumplir puntualmente con sus créditos.

Según él, el único “beneficio” para quienes pagan sus obligaciones a tiempo es evitar caer en la lista de morosos y enfrentar sanciones. Esto incluye complicaciones para acceder a nuevos créditos o compras a plazos en comercios.

En su opinión, las instituciones financieras no ofrecen recompensas tangibles, como una reducción de tasas de interés, por el simple hecho de ser un cliente puntual.

El economista hizo notar el aumento en la tasa de morosidad, que ha pasado del 1% antes de la pandemia al 3% en la actualidad.

Si bien reconoció que este porcentaje sigue siendo bajo, destacó que el crecimiento de la morosidad es preocupante y podría estar relacionado con los esfuerzos de las entidades financieras para mitigar su impacto mediante incentivos, aunque no observó una implementación clara de estos.

Akamine también criticó la falta de transparencia y la politización de ciertas entidades públicas como la ASFI. Comentó que, en el pasado, la superintendencia de bancos era una entidad altamente técnica y ajena a los lazos políticos. Sin embargo, insinuó que, en los últimos años, los comunicados e informes podrían tener un “tinte político” que busca suavizar la percepción de la realidad financiera.

Y a pesar de los datos oficiales que sugieren beneficios para los clientes que pagan a tiempo, Akamine no cree que exista un sistema estructurado para premiar a los prestatarios puntuales.

En esa línea, Jaime Dunn observó las políticas de incentivos a los buenos pagadores. Para él es algo fuera de lo común que se premie a los prestatarios por cumplir con algo que es su deber contractual.

“Es ridículo que se les dé un premio a los que pagan a tiempo”, comenta Dunn, destacando que el 97% de los prestatarios ya lo hace sin necesidad de incentivos. Esta alta tasa de cumplimiento pone en duda la necesidad de crear programas de recompensas, y el economista compara esta política con premiar a los padres por educar a sus hijos o a los empleados por llegar puntualmente al trabajo.

Uno de los principales argumentos es que los incentivos generan distorsiones en el mercado. Al obligar a los bancos a ofrecer premios a quienes cumplen con sus obligaciones, se les fuerza a subir las tasas de interés en primera instancia para luego reducirlas como parte de la recompensa.

Dunn explica que “el banco lo que va a hacer siempre, si es un buen cliente, es subirle la tasa de entrada para después reducirla con el premio”, lo que termina por perjudicar al prestatario y alterar la dinámica normal del mercado.

El gobierno está imponiendo reglas que no necesariamente benefician a los prestatarios a largo plazo. “Este es un gobierno que siempre vigila a los clientes, que los clientes tengan mayor provecho a costa de los bancos”, dice.

Para el economista, los bancos deberían ser los encargados de determinar las políticas de incentivos para sus propios clientes, sin intervención estatal.