En un reporte ofrecido sobre la situación de los incendios forestales, el ministro de Medio Ambiente, Alan Lisperguer, deslindó la responsabilidad del Gobierno sobre el paquete de leyes que legalizan las quemas en el país, que, de acuerdo con expertos ambientalistas y diferentes sectores, son la principal causa del desastre ambiental generado por el fuego en el departamento de Santa Cruz. Además, trasladó las responsabilidad de abrogar estas normas al Poder Legislativo.
En el programa "¡Qué Semana!", de EL DEBER Radio, la autoridad fue consultada sobre cuál es la postura del Gobierno sobre estas normas. ¿El gobierno tienen alguna postura para abrogar estas leyes incendiarias? Fue la pregunta lanzada a la autoridad.
Ante la interrogante, Lisperguer explicó que la abrogación de estas normativas es competencia del poder legislativo. “Es atribución del legislativo la abrogación o derogación; sin embargo, la muestra más clara del gobierno ha sido la emisión del decreto que establece la pausa ambiental que prohíbe toda actividad de quema, estamos hablando del Decreto Supremo 5225”, dijo la autoridad.
Este decreto, según el ministro, busca prevenir la intencionalidad detrás de algunos incendios provocados para solicitar la dotación de tierras.
Las leyes bolivianas aprobadas desde 2013, como la Ley 337 y la Ley 502, han facilitado la regularización de tierras deforestadas ilegalmente, incrementando la deforestación.
Aunque justificadas en nombre de la seguridad alimentaria, de las 460.000 hectáreas desmontadas entre 2015 y 2022, solo 40.800 se destinaron a cultivos. La Ley 741 de 2015, que permitía desmontes para pequeños agricultores, ha sido explotada por intereses privados, causando incendios masivos.
Otras normas, como la Ley 1171 y el Decreto 24.253, han minimizado las sanciones por deforestar, convirtiendo a Bolivia en un "paraíso" para la deforestación ilegal.
Por último, el ministro abordó las críticas sobre la supuesta falta de respuesta oportuna a los incendios, indicando que tanto el gobierno nacional como los gobiernos municipales y departamentales han seguido los procedimientos establecidos por la ley para la declaración de emergencia.
También afirmó que responderá a la acción popular iniciada por el Defensor del Pueblo, que señala a varias autoridades, incluido él mismo, por no haber atendido adecuadamente la crisis de incendios.
“Seguramente el defensor del pueblo también en su momento tendrá que responder cuáles son los actuados que ha tenido durante y post incendio, no solamente en esta gestión, sino otras gestiones”, señaló.
Reporte de quemas
El ministro informó que actualmente existen 58 puntos de fuego activo en 26 municipios y 3 departamentos. Hasta la fecha, el fuego ha afectado 1.5 millones de hectáreas de bosque y 2.3 millones de hectáreas de pastizales, muchos de ellos en propiedades privadas.
Además, Lisperguer dijo que el Ministerio ha iniciado 297 procesos administrativos y 82 procesos penales contra los responsables de provocar los incendios.
Lisperguer indicó que el país todavía enfrenta entre un 50% y un 60% del período más crítico de incendios. Los meses de septiembre, octubre y noviembre son especialmente peligrosos debido a las altas temperaturas y la sequedad del ambiente, lo que incrementa la vulnerabilidad y facilita la propagación del fuego.
Por ello, el ministro llamó a redoblar esfuerzos y evitar la expansión de los incendios, no solo en Santa Cruz y Beni, sino también en otras zonas como La Paz y Tarija.