Pese al inicio de bloqueos camineros en diferentes municipios de Santa Cruz, la Cámara de Diputados suspendió para el miércoles el debate del Proyecto de Ley CS 179/2919-2020 (Ley de recuperación del 12% del IDH para las entidades territoriales autónomas y universidades), para redistribuir el uso de estos recursos a favor de gobernaciones, municipios y universidades.
Una vez que el documento pasó al Órgano Ejecutivo para que realice un análisis del proyecto, la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria de la Cámara de Diputados, recomendó aprobar “con modificaciones” el proyecto de ley que viene desde la Cámara de Senadores, para recuperar el 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
Desde las cero horas de hoy y por una periodo de 48 horas, la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz) inició bloqueos de carreteras como medida de presión ante la falta de recursos económicos que dificulta a las alcaldías continuar con la lucha contra el Covid-19.
¿Qué dice el proyecto?
El artículo 1 de la norma establece la suspensión temporal del descuento del 12% establecido en la Ley 767, promulgada el 11 de diciembre de 2015, y definir un nuevo destino para recursos del Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera (FPIEEH) con el fin de que las Entidades Territoriales Autónomas (ETA), universidades y beneficiarios del IDH cuenten con recursos para enfrentar la pandemia del coronavirus y desarrollen acciones para garantizar la seguridad alimentaria y el fortalecimiento de las actividades productivas.
El artículo 2 suspende temporalmente la aplicación del artículo 12 de la Ley 767, desde la promulgación de esta ley hasta la finalización de la declaratoria de emergencia, considerando la producción fiscalizada del mes que corresponda.
El artículo 3, que es el apartado que modificó la Comisión de Economía Plural, se refiere a la restitución de los recursos acumulados del Fondo. En este sentido, expresa que “los recursos totales acumulados del FPIEEH, hasta marzo de 2020, serán devueltos a las ETA, universidades públicas y todos los beneficiarios previstos en la ley 3058, la Ley 3322 y decretos supremos reglamentarios, en los mismos montos que aportaron las ETA desde el inicio de la retención, hasta el presente año”.
La norma también fija el destino de los recursos del 12% y establece el 50% para actividades de prevención, atención y contención del coronavirus, el equipamiento de hospitales y la compra de pruebas rápidas.
Un 25% es para la provisión de alimentos a la población, en el marco de los programas de seguridad alimentaria. El último 25% va para el fortalecimiento de la producción local afectada por la cuarentena y la paralización de actividades efectuada, para disminuir la expansión de la pandemia.
Por su parte, las universidades públicas deberán contribuir directamente con las actividades de prevención atención y contención del coronavirus el equipamiento de hospitales universitarios y la compra de pruebas, en beneficio de la población en general.