En medio de varios cuestionamientos por la vigencia de un paquete de leyes que son consideradas las responsables de los incendios forestales ocurridos en el oriente boliviano, el diputado beniano Fernando Llapiz, rechazó la abrogación de la Ley 1171, que regula el uso y manejo racional de las quemas, y advirtió sobre las consecuencias negativas que podría tener su abrogación.

El legislador, mediante una publicación en su cuenta de Facebook, sostuvo que si esta norma es eliminada se generaría un vacío jurídico que afectaría el control de las quemas en el país, complicando aún más la situación.

“Lo que realmente necesitamos es una reglamentación efectiva de la ley, con sanciones adecuadas para quienes provoquen incendios sin permiso, o por manejo irresponsable", indicó.

Decreto

El diputado subrayó que la única normativa que quedaría vigente si se deroga la Ley 1171 sería el Decreto Supremo 5203. Este decreto, señaló Lápiz, no solo busca revertir tierras para redistribuirlas a sectores cercanos al gobierno, sino que también impone multas desproporcionadas, como una penalización de 3.000 bolivianos por hectárea afectada.

Esta cifra, según el legislador, resulta insostenible para los productores de tierras en el Beni, donde el valor promedio de la hectárea no supera los 600 bolivianos. "Ni vendiendo la tierra ni con su producción se podría cubrir dicha multa", afirmó.

Llapiz destacó que este decreto viola derechos fundamentales como el principio de presunción de inocencia y el derecho a la propiedad privada. Además, indicó que contraviene principios constitucionales, entre ellos el artículo 393 de la Constitución Política del Estado, que protege el derecho agrario y la seguridad jurídica. El decreto también va en contra de la Ley 025, que exige que las leyes sean aplicadas de manera equitativa a todos los ciudadanos.

El diputado advirtió que esta medida pone en riesgo la seguridad alimentaria del país, al afectar directamente a los productores legales que contribuyen al abastecimiento de alimentos y generan fuentes de trabajo.

 “¡No permitamos que una ley que puede ser mejorada sea eliminada por intereses que no benefician a todos! La solución está en reglamentar la Ley 1171, no en abrir la puerta a injusticias”, concluyó.

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