Tras las declaraciones del presidente del país, Luis Arce, en la que señaló al empresariado del país como uno de los factores de desequilibrio en la escasez de dólares, el sector privado tomó el guante e indicó que si Arce llevaría adelante medias correctas que incentiven la producción, atraigan las inversiones y se de seguridad jurídica, las exportaciones no tradicionales pasarían de 1.500 millones de dólares, en 2023 a unos 5.000 millones de dólares hasta 2030.
Fuentes empresariales remarcaron que se busca “culpar a los privados por la falta de dólares, pero no se dice nada de los cupos de exportación, de la resistencia de usar biotecnología y de la ausencia de seguridad jurídica. El Gobierno no ofrece un buen clima de negocios y luego se lamenta de que hay menos dólares”.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2023, las exportaciones no tradicionales, aquellas ligadas a la agroindustria, sumaron poco más de $us 1.500 millones, un valor que de acuerdo a empresarios del sector oleaginoso se podría pasar a $us 3.000 millones hasta 2028 y llegar a los $us 5.000 millones.
“Tenemos el potencial, solo hace falta una política de Estado que apueste por la actividad privada, que dé las condiciones para el uso de nueva tecnología, que no ponga trabas a las exportaciones y por sobre todas las cosas haga respetar la propiedad privada, es decir que brinde seguridad jurídica”, puntualizó una fuente del sector cárnico.
Reacción industrial
Los industriales han manifestado su rechazo a las declaraciones del presidente Arce, quien señaló que la crisis de divisas y el desajuste en la provisión de dólares en la economía es, en parte, responsabilidad del sector privado.
La Cámara Nacional de Industrias (CNI) y otras cámaras empresariales subrayan que la crisis actual ha sido reconocida por el Gobierno después de negarla durante semanas, pero consideran injusto responsabilizar a las empresas privadas.
La noche del domingo, Arce sostuvo que, de acuerdo a los datos oficiales entre 2007 y 2023 el déficit comercial privado estuvo entre menos 794 millones de dólares y menos 2.349 millones de dólares, lo que en gran parte del tiempo estuvo cubierta por las exportaciones del sector público que, sin embargo, decayeron y ahora no pueden cubrir ese requerimiento de dólares.
“Lo que rechazamos enfáticamente es que se responsabilice al sector privado por estos problemas económicos. Desde hace años, se ha venido restringiendo la iniciativa privada, y la falta de seguridad jurídica lo demuestra. No han llegado inversiones significativas en sectores clave como el petrolero y el minero”, indicó Pablo Camacho, presidente de la CNI.
El sector empresarial también criticó el incremento salarial sin diálogo con los empleadores, lo cual, según afirman, ha agravado la situación económica. La falta de un marco jurídico claro y el ambiente adverso para los negocios han sido factores determinantes en la caída de inversiones, lo que, según ellos, contribuye al deterioro económico del país.
Se consultó al presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, José Luis Farah, sobre las declaraciones de Arce y dijo que todavía están analizando el mensaje presidencial para emitir un criterio al respecto.
Un discurso político
El analista económico, Rubén Arias, sostuvo que la implementación efectiva de la política hidrocarburífera sigue siendo cuestionable, pues en el caso de la exploración, los resultados han sido limitados, y el contexto global de transición energética hace que las inversiones en este sector sean cada vez más riesgosas.
“Apostar por un modelo basado en los combustibles fósiles puede no ser sostenible en el mediano plazo, tanto por factores económicos como ambientales”, observó Arias.
La política de sustitución de importaciones es el otro pilar donde se apoyan las soluciones planteadas por el Gobierno. Sobre el tema, el economista Cristian Aramayo remarcó que la sustitución de importaciones y sus variantes (como la sustitución “competitiva de importaciones” y otros) son un fracaso técnico, histórico y económico.
“No hay evidencia alguna de que funcione más que como un pretexto político para incrementar la participación del Estado sobre las actividades económicas del país”, observó, a tiempo de subrayar que el presidente no es coherente con la realidad económica y social del país.
"Desde hace años, se ha venido restringiendo la iniciativa privada, y la falta de seguridad jurídica lo demuestra. No han llegado inversiones significativas en sectores clave como el petrolero y el minero”, indicó el presidente de la CNI.