El avasallamiento de predios productivos, particularmente en Santa Cruz, y el bloqueo de las carreteras, pone en emergencia al empresariado boliviano, que considera que ambos extremos son un estrangulamiento a la actividad privada.
El problema se potencia cuando de la Cámara Nacional de Industrias (CNI) detalla que, en los últimos 14 años (2010 al 2023), se realizaron más de 2.400 bloqueos en carreteras en el área rural y urbana del país, lo que equivale a la pérdida de producción de tres años del Producto Interno Bruto (PIB), que en 2023 fue de alrededor de $us 45.000 millones.
Sobre el tema, Pablo Camacho, presidente de la CNI, sostuvo que el daño que se hace al aparato productivo es multimillonario y que dejar de producir tres años es un golpe mortal a la economía del país.
De acuerdo con los cálculos de la CNI, las pérdidas por bloqueos superan, a escala nacional, los $us 50 millones por día, y los avasallamientos de tierras vulneran el derecho a la propiedad privada consagrada en la Constitución Política del Estado, generando un estado de “zozobra” entre los empresarios que apuestan por el país.
En este contexto, la entidad plantea un proyecto de ley que modifique el Código Penal, y tipifique los bloqueos que atenten contra la seguridad y el funcionamiento de servicios públicos o que obstruyan vías públicas ,que atenten contra la vida y salud de la población, con penas privativas de libertad de hasta ocho años.
“La CNI exhorta a las autoridades nacionales y subnacionales a hacer prevalecer el estado de derecho sancionando a avasalladores y bloqueadores en el marco del sistema jurídico vigente”, remarcó Camacho, a tiempo de subrayar que los avasallamientos y bloqueos generan un escenario de alta inseguridad jurídica para el desempeño de las empresas y ahuyentan a las inversiones nacionales y extranjeras reflejando una imagen de “país de alto riesgo”.
Tras la toma violenta de unas 5.000 hectáreas de un área productiva en la provincia Guarayos (Santa Cruz), la Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro), mediante un comunicado solicita a las autoridades poner en vigencia una ley que garantice el respeto a los derechos privados y colectivos.
“La tolerancia a los avasallamientos implica permitir que las ilegalidades se impongan y que la violencia se incremente, generando un ambiente de conflictividad social permanente con inseguridad para las inversiones, inestabilidad en la seguridad alimentaria y alto riesgo para la población en las zonas afectadas”, destacan desde la entidad agropecuaria.
Confeagro hace notar que el ilícito no solo afecta a predios privados, sean pequeños, medianos o grandes, sino también a tierras de dominio público que, por lo general, son áreas estratégicas para mantener el equilibrio del ecosistema y la sobrevivencia de las futuras generaciones.
“Pedimos que la pesadilla de los avasallamientos termine de forma inmediata, que nuestras autoridades competentes sienten un precedente definitivo contra esta ilegalidad con las respectivas sanciones establecidas en nuestro ordenamiento jurídico para que no se vuelvan a repetir. Solicitamos a todas las autoridades competentes en esta temática, hacer eco de las palabras del presidente del Estado de “no tolerar avasallamientos, ni tráfico de tierras". Hoy es el momento de parar de forma definitiva este flagelo, porque los avasallamientos tienden a multiplicarse y ser cada vez más violentos y han demostrado que son capaces de pasar incluso por sobre la vida de las personas”, observa la Confeagro.
Sobre el tema, la Gobernación cruceña, por intermedio del asesor general, Luis Fernando Roca, manifestó su agradecimiento al asambleísta departamental Zvonko Matkovic por solicitar al gobernador en ejercicio Mario Aguilera para que a través de su autoridad se reactive la Comisión Agraria Departamental (CAD) a fin de buscar soluciones ante el avasallamiento de tierras en predios productivos.
Roca lamenta que estos problemas no se hayan podido solucionar en anteriores convocatorias, a esta instancia, debido a que el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) no ha aparecido a las mismas, situación por las cuales no se ha podido instalar hasta el momento la CAD.
“Desde la Gobernación estamos trabajando en la defensa y recuperación de los predios avasallados, ya que es uno de los temas fundamentales”, afirmó.
Roca recordó que Aguilera también ha manifestado su posición ante la toma de predios productivos en el departamento cruceño durante la reunión de gobernadores celebrada con el presidente Luis Arce para precautelar las tierras productivas de los agropecuarios, que dan seguridad alimentaria al país.
En este escenario el asesor general instó a que se genere un diálogo fluido y coordinado entre las autoridades de los tres niveles de gobierno, conjuntamente con la Policía, para lograr soluciones a estos atropellos que representan los avasallamientos.
“Necesitamos un frente unido que trabaje en la defensa de nuestros predios y dar seguridad a nuestros productores para generar divisas a los bolivianos”, finalizó la autoridad del Ejecutivo departamental.