El ministro de Justicia, Iván Lima, reveló que la subvención a los hidrocarburos en Bolivia alcanzará en 2024 la cifra de 4.000 millones de dólares, de los cuales se estima que el 30% se pierde debido al contrabando.

La autoridad enfatizó la importancia de que el pueblo boliviano esté consciente de este gasto significativo, señalando que esos recursos podrían destinarse a otras necesidades del país.

El pasado 6 de agosto el presidente, Luis Arce Catacora planteó la realización de un referéndum para definir si el Estado boliviano sigue subvencionando el costo del diésel y la gasolina. Desde hace más de dos décadas el país subsidia los carburantes.

Según las declaraciones del ministro: "El 85% de esos 4.000 millones de dólares se destinan a la minería y a la agroindustria, pero no al transporte público en las ciudades".

Esto resalta, según la autoridad, una desigualdad en la distribución de los recursos que, según Lima, debería ser objeto de debate público.

“Prácticamente el 30% de ese dinero que se destina a la subvención se está yendo al contrabando”, subrayó.

Lima propuso que el país se involucre en un debate amplio y democrático para analizar, discutir y encontrar soluciones a este problema.

Referéndum

La autoridad estatal mencionó que, junto con la revisión de la subvención, el presidente ha planteado la posibilidad de llevar a referéndum temas cruciales como la redistribución de escaños parlamentarios y la reelección discontinua del presidente y vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia.

Esta consulta, según Lima, propuesto tiene su respaldo en la Ley 026 de Régimen Electoral y la Constitución Política del Estado.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) deberá pronunciarse sobre las cuatro preguntas planteadas en un plazo de 72 horas, tras lo cual pasarán al control del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Todo este proceso debe culminar con la emisión de un decreto para la convocatoria a referéndum, que deberá aprobarse antes del 31 de agosto, de manera que la votación se realice junto con las elecciones judiciales programadas para el 1 de diciembre de este año.

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