El expresidente Evo Morales planteó al Gobierno aprobar una ley de salvataje y de diferimiento de créditos para ayudar las personas afectadas por el paro de 36 días que acató Santa Cruz en demanda de un censo en 2023. La propuesta fue rechazada por el Ejecutivo que comparó la propuesta con “medidas desacertadas” hechas por la gestión de la exmandataria Jeanine Áñez, durante el periodo de emergencia sanitaria, a raíz del brote de coronavirus en 2020.
Desde su cuenta de Twitter, Morales exigió que se apruebe por tiempo y materia una norma que ayude a las personas que fueron afectadas por el paro cruceño, en especial a microempresarios, gremiales y transportistas.
“Para ayudar a la recuperación urgente de la economía de nuestro pueblo, exigimos que se apruebe por tiempo y materia una Ley de Salvataje con suspensión temporal de intereses y reprogramación de deudas en beneficio de microempresarios, emprendedores, gremialistas y transportistas”, lanzó Morales desde esta red social.
La demanda del exjefe de Estado se da justamente cuando la Asamblea Legislativa aprobó la Ley del censo en donde se garantiza que la encuesta se realizará en marzo de 2024 y que los resultados serán entregados en septiembre de ese año. Para este martes 29 de noviembre, la norma fue aprobada en grande y en detalle en ambas cámaras.
Incluso la norma fue apoyada por Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz y miembro del Comité Interinstitucional que impulsó el paro en demanda de la encuesta nacional.
“Por favor, aprueben esta ley con el mismo interés que aprobaron la ley de Camacho. Nuestras hermanos y hermanos con pequeños capitales han sido los más perjudicados con el paro. No buscan condonación, piden una oportunidad para honrar sus deudas”, cuestionó Morales.
Rechazo
Pero la propuesta fue rechazada, tanto por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y el Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros. Las principales cabezas de estas entidades estatales coincidieron que lo planteado por el expresidente es inviable.
El director ejecutivo de la ASFI, Reynaldo Yujra, dijo que durante el Gobierno de Jeanine Áñez se realizaron medidas parecidas a las planteadas por Morales que tuvieron efectos adversos en el sistema financiero.
“Esta experiencia del diferimiento o la ley de salvataje la hemos registrado en el 2020. Y en esa oportunidad tuvimos efectos adversos sobre el sistema financiero porque se ha minado la capacidad y la cultura de pago de nuestros prestatarios”, dijo.
Yujra recordó que los recursos a los que se acceden mediante créditos provienen de los depósitos del público “y cuando se afectan los créditos también se afectan a los ahorros”.
“La medida (diferimiento de créditos) era tan general que incluso personas que no necesitaban del apoyo tuvieron este beneficio”, señaló.
En cambio, informó que hace dos semanas la ASFI lanzó un comunicado sugiriendo a los bancos reprogramar los créditos de las personas afectadas por el paro cruceño. Esta circular, según Yujra, se adapta a las necesidades de los prestatarios.
Por su parte, Ivette Espinoza, viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, señaló que la reprogramación de créditos no es necesario que se eleve a rango de ley, y que con esta medida incluso se da la posibilidad de un refinanciamiento.
Ambas autoridades indicaron también que la reprogramación de los créditos tiene alcance nacional.
El pasado 11 de noviembre, mediante una carta circular 13514/2022, la ASFI instruyó con carácter obligatorio que las instituciones financieras del país atiendan las solicitudes de reprogramación de los afectados, no solo en Santa Cruz, sino en todo el país.