El viceministro de Defensa del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, informó que gracias a la vigencia del Decreto Supremo 4732, se restituyó con más de Bs 2.14 millones a las víctimas de inmobiliarias, mediante acuerdos conciliatorios.

“Con los acuerdos se han logrado restituir 2.140.842,42 bolivianos en favor de consumidores que han solicitado la devolución de sus dineros porque ya querían continuar con la preventa debido a que se incumplió con el plazo y se han visto perjudicados”, dijo Silva, en conferencia de prensa, en La Paz.

El DS 4732 está vigente desde el 1 de junio de 2022 y tiene el objetivo de establecer disposiciones destinadas a la regulación, prevención de cláusulas abusivas y prácticas comerciales abusivas en contratos relacionados con la venta futura, venta con reserva de propiedad u otras modalidades, de bienes inmuebles, en el marco de la Ley Nº 453, de 4 de diciembre de 2013.

El viceministro explicó que del monto alcanzado a escala nacional es por la restitución a los afectados en 636 denuncias desde 2022 hasta el presente año; $us 1.262,640,95 están fraccionados en dólares.

Bajo esa línea, contó que los proveedores de las inmobiliarias ofrecían a sus víctimas, entregarles los departamentos en seis meses, uno y dos años. “Han pasado, en muchos casos, algunos años y la gente estaba desesperada de recuperar su dinero y a través del DS se logró convocar a los proveedores, a los empresarios; y que estos puedan restituir el dinero en favor de los consumidores”.

“Consideramos que los resultados nos están dando a conocer que el DS 4732 está cumpliendo su objetivo, está cumpliendo con las expectativas de la población, protegiéndolos”, agregó Silva, a tiempo de descalificar las aseveraciones de algunos dirigentes de los sectores del transporte y gremial, que piden la abrogación de esta norma.

“En ninguno de los dos años hemos recibido una sola queja, un solo reclamo por algún transportista o gremialista que se haya visto afectado por este decreto o que haya tenido que venir a pedir permiso para vender o comprar una casa”, aseguró el viceministro.

Luego de una serie de protestas de distintos sectores, especialmente gremiales y transportistas, el 14 de mayo, el presidente Luis Arce abrogó el decreto 5132 que centralizaba los datos de propiedades en un solo centro con intervención de la agencia gubernamental Agetic. Pero los manifestantes recordaron que no solo es ese decreto sino también el 4732 que pide certificación del Ministerio de Justicia para traspasar o vender una propiedad.

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