La emergencia en la que se encuentran distintos sectores productivos de Santa Cruz, no tiene víspera de resolverse. La reunión que debía iniciarse este lunes entre la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRT) se postergó sin una nueva fecha, mientras en San Julián, los productores de granos que piden la liberación de la semilla transgénica de trigo y soya HB4, no tuvieron respuesta satisfactoria del Gobierno, el domingo, y mantienen el bloqueo de la carretera hacia Beni.

El viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario, Álvaro Mollinedo, dijo el domingo que el Comité Interinstitucional de Seguridad Alimentaria, conformado por diferentes carteras del Gobierno, los lecheros, ganaderos y avicultores del país, se reunirían este lunes para tratar las necesidades de estos sectores y temas como el precio de productos para la canasta familiar.

“Hemos visto con mucha preocupación que hay sectores que sí están queriendo subir el precio de algunos productos, pero de manera injustificada porque a desconocimiento de las acciones que nosotros estamos tomando como Gobierno nacional y justamente para eso para el día de hoy (lunes) hemos convocado” a esos sectores, manifestó Mollinedo.

De acuerdo con Mollinedo, se convocó a la Federación Departamental de Productores de Leche (Fedeple) de Santa Cruz, a la Confederación de Ganaderos de Bolivia (Congabol) y la Asociación de Avicultores (ADA) de Santa Cruz.

EL DEBER realizó las consultas con la Fedeple y la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), y manifestaron -por separado- que no tenían en agenda alguna invitación para reuniones con entidades gubernamentales. En la CAO solo informaron que el MDRT les había comunicado que la reunión se había suspendido sin nueva fecha programada.

Uno de los sectores más golpeados es el lechero, que el 24 de julio se declaró en emergencia y exigió una actualización de los precios que la industria les paga y que este no sea menor a los Bs 4,50 por litro de leche vendida. Fedeple pide que la actual banda de precios que puso el Gobierno sea modificada o, en todo caso, eliminada y que se diseñe una nueva.

El director de Fedeple, Mauricio Serrate, dijo que el precio promedio que las industrias pagan a los productores, de Bs 3,15, no se ha movido durante 15 años y, sin embargo, el incremento de los costos de producción ha subido entre un 100 hasta un 500%.

“Hay dos formas de actualizar el precio: uno, que lo cargue la industria, porque tiene la capacidad de hacerlo, ya que le ha subido el precio  a todos sus lácteos, menos a estos cinco productos que prohíbe el Estado, o directamente hacer un acuerdo con la industria y subirle el precio al consumidor de seis a ocho bolivianos,”, señaló Serrate.

Según el dirigente lechero, si el Gobierno no sube la banda de precios, el precio por litro de leche se puede elevar hasta Bs 10, ingresará más producto de contrabando y el sector tiende a desaparecer. Agregó que el año pasado fueron más de 100 productores que han salido del negocio desde Fedeple y se han dejado de producir entre 120.000 y 150.000 litros diarios, con relación a un año y medio atrás.

Actualmente, en Santa Cruz son cerca a 800 productores que entregan leche a las industrias, principalmente a PIL Andina, que es la que acapara los mayores volúmenes.

Precisamente, desde Pil Andina, respondieron a EL DEBER que la empresa está comprometida con la comunidad lechera del país, “prueba de ello es que, vía convenios de calidad, bonificamos por encima del precio regulado a los productores que cumplen con los estándares convenidos. Seguiremos trabajando en coordinación con entidades públicas y privadas, priorizando a la población, la calidad y sostenibilidad de nuestros productos”.

Las demandas de la CAO

La CAO exige al Gobierno incrementar el ingreso de divisas, los empleos y asegurar la alimentación para los bolivianos. En ese sentido, puso sobre la mesa cinco puntos para encontrar una solución a la actual crisis en la producción de alimentos y la inflación:

-    Seguridad Jurídica: los avasallamientos se multiplican, son cada vez más violentos y peligrosos, están a la vez en todo el territorio nacional acechando a las zonas productoras de alimentos.

-    Acceso a tecnología: la homologación de eventos transgénicos que se comercializan en países vecinos, es un pedido desde hace una década, y día que pasa se pone es riesgo el abastecimiento de alimentos, como carne de pollo, huevo, leche, carne de cerdo y otros para la población nacional.

-    Mercados: nuestro país en todas sus regiones tiene grandes potencialidades para incrementar 2 o 3 veces la producción actual en las mismas áreas, y el mercado nacional es pequeño; por esta razón, se hace imprescindible la liberación plena de las exportaciones.

-    Contrabando: esta es una ilegalidad, que por años viene golpeando a las actividades productivas nacionales, quitando empleos a miles de familias bolivianas.

-    Pequeña Propiedad: Es contradictorio con la política aplicada en las últimas dos décadas de crear productos financieros especializados en incentivar la producción agropecuaria, con el hecho de quienes más necesitan tecnificarse, mejorar su productividad, sus ingresos y su nivel de vida.

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