Fernando Asturizaga, experto y asesor legal de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), asegura que la inseguridad jurídica para la propiedad privada y las inversiones ha empeorado en las últimas dos décadas. El especialista en tierras sostuvo que la invasión de tierras en Bolivia es un problema persistente que se ha desarrollado durante más de 30 años, apoyado por normas, ideología política y prácticas sindicales.

Este fenómeno tiene sus raíces en una estructura ideológica y legal que favorece a organizaciones con intereses en la tierra, así como en la desinstitucionalización de entidades estatales encargadas de la administración de tierras, indica.

Desde antes del año 2.000, las ocupaciones ilegales de tierras se han intensificado, siendo ejemplos recientes los casos en Guarayos (Santa Cruz) e Incachaca (Cochabamba).

Un caso emblemático de esta problemática ocurrió en el año 2000 en la comunidad Soncachi Grande, La Paz, donde el Movimiento Sin Tierra (MST) ocupó ilegalmente la propiedad Posada del Inca.

La familia López, propietaria del terreno, durante 24 años inició un proceso legal con el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) para recuperar su tierra, que fue destruida y desmantelada por los invasores.

Asturizaga señala que las invasiones de tierras se originaron en debates de los años 90 sobre la eliminación del latifundio y la nacionalización de la tierra, impulsados por organizaciones no gubernamentales y el Movimiento al Socialismo (MAS).

Este discurso se tradujo en cambios legislativos y constitucionales que debilitaron el derecho de propiedad de medianos productores y empresas agropecuarias.

La violencia ha sido una constante en las tomas de tierras, con destrucción de propiedades y sacrificio de ganado. Las propiedades avasalladas a menudo son abandonadas o convertidas en canchas deportivas, sin generar empleo para la población local.

En el caso de la familia López, su propiedad fue ocupada y puesta bajo medidas precautorias, con el INRA declarando el terreno en conflicto a pesar de la documentación en regla.

La Ley 477 Contra el Avasallamiento, promulgada en 2013, no ha sido suficiente para detener estas invasiones. La norma estableció procedimientos judiciales y administrativos para desalojar a los avasalladores, pero también introdujo limitaciones en la titulación de tierras. La Constitución de 2009 permite la revisión constante de los títulos de propiedad, lo que genera incertidumbre para los productores.

La influencia sindical también juega un papel crucial, con sindicatos controlando la administración interna de la tierra y utilizando su poder para favorecer a ciertos individuos. La desinstitucionalización de entidades como el INRA y la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) ha agravado la situación, con dirigentes elegidos por favoritismo político en lugar de méritos profesionales.

Para revertir esta situación, Asturizaga sugiere una reforma constitucional y legal que evite la reversión de tierras por incumplimientos menores y que preserve el sistema alimentario del país, basado en la mediana y gran propiedad agrícola.

A pesar de las dificultades, las familias afectadas, como los López, continúan luchando por la seguridad de sus propiedades y el cumplimiento del Estado de Derecho en Bolivia.

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