Por años la subvención de combustibles ha sido el talón de Aquiles del Estado. Año a año, el subsidio a la gasolina y diésel, ha 'desangrado' las Reservas Internacionales Netas. Solo en 2023, de acuerdo con los datos del Banco Central de Bolivia (BCB), se usaron $us 2.682 millones para subsidiar los carburantes.
Ahora el Estado busca reducir ese gasto con tres medidas: la comercialización de dos tipos de gasolinas, la liberación de las importaciones de los grandes consumidores y el llamado a un referéndum para mantener o quitar la subvención.
Para expertos consultados por EL DEBER las dos primeras medidas, permiten reducir de forma gradual la subvención, porque posibilitará adquirir combustible pagando un precio real. Mientras que, con la consulta popular, según los especialistas, el Gobierno del Luis Arce, busca deslindarse de una ‘papa caliente’.
Uno de los principales argumentos para mantener el subsidio, es que este permite tener estabilidad de precios en productos de primera necesidad.
Entre 2006 y 2019, en la gestión de Morales el subsidio se mantuvo, al igual que en la administración de Jeanine Añez. Pero, desde 2023 comenzaron los problemas.
Filas y días de suministro irregular se registraron el año pasado y la situación empeoró este 2024.
En este escenario, el presidente planteó promocionar dos tipos de gasolinas: la nueva Ultra Premium de 100 octanos que se vende en Bs 6,71 el litro y Premium Plus de 95 octanos que se expende a Bs 5,71.
En la actualidad, la gasolina especial -que se vende a Bs 3,74- es el producto de mayor demanda del parque automotor. Este producto se seguirá vendiendo. Pero el Gobierno anticipó que impulsará la venta de las otras gasolinas.
La estatal adelantó que, por cada litro que se venda de la gasolina Premium Plus, la subvención estaría bajando aproximadamente un 25%. En el caso de la gasolina Ultra Premium 100, la subvención estaría disminuyendo en 40%.
A la par, el Poder Ejecutivo prevé tramitar una ley, ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), para que empresas privadas puedan importar diésel, gasolina y petróleo libre del Impuesto al Valor Agregado (IVA).Los productores pueden importar diésel para consumo directo. De hecho, hay siete empresas autorizadas por YPFB.
Guillermo Torres, exministro de Hidrocarburos, expresó su preocupación sobre la propuesta de someter a referéndum el precio de los hidrocarburos en Bolivia, calificándola de “absurda” y “sin precedentes”, tanto en Bolivia como en el mundo.
Según Torres llevar esta decisión a un referéndum implicaría que todo el pueblo asuma la responsabilidad económica del país, lo cual, en su opinión, sería una evasión de las responsabilidades del Poder Ejecutivo.
Para él, la única solución viable sería aumentar los precios de los combustibles y así eliminar el incentivo al contrabando, aunque reconoció que esta medida sería dolorosa y políticamente costosa.
Hizo hincapié en que el mal manejo de los recursos generados por el gas, en los últimos años, ha llevado al país a la situación actual, y que es imperativo tomar decisiones firmes para evitar un desastre económico mayor.
En esa línea, el especialista en hidrocarburos Hugo del Granado se pronunció en contra de la idea de someter a consulta popular el subsidio a los combustibles en Bolivia, y calificó la propuesta como “absurda” y “populista”.
Subrayó la necesidad de implementar un plan de mediano plazo que contemple un incremento gradual de los precios, acompañado de medidas compensatorias para la población más afectada.
Del Granado insistió en que la única manera de afrontar el creciente consumo de hidrocarburos en el país es a través de la exploración y el aumento de la producción de gas, petróleo y otros líquidos.
Pero se mostró favorable a la liberalización de la importación de combustibles, siempre que se eliminen las trabas burocráticas. Advirtió que, para que esta medida tenga éxito, es necesario liberar gradualmente los precios en el mercado interno.
Sobre la importación abierta al sector privado, un conocedor del sector -que pidió no ser citado- indicó que abrir el mercado eliminará el monopolio de YPFB, lo que permitirá a los grandes consumidores importar combustibles para cubrir sus necesidades.
Este enfoque, según el experto, mataría “dos pájaros de un tiro”: por un lado, se aliviaría la presión sobre YPFB y el Estado y, por otro, se garantizaría un suministro estable.
Sobre la oferta de otros tipos de gasolinas, aseguró que permitiría al consumidor elegir la que mejor se adapte a sus necesidades.
El economista Jaime Dunn, por su parte, señaló que la introducción de nuevas gasolinas es una estrategia para suspender parcialmente el subsidio, aunque el Gobierno no lo comunicó de manera clara.
Aunque la medida es económicamente correcta, según Dunn, la falta de transparencia del Gobierno podría provocar protestas sociales, cuando la gente empiece a notar las largas colas para adquirir la gasolina subsidiada en comparación con la Premium, que estará disponible sin demoras, pero a un costo más alto.
Sobre la propuesta de facilitar la importación reconoció que es un paso en la dirección correcta para reducir el subsidio.
El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Germán Jiménez, negó que se esté ejecutando un “gasolinazo encubierto” en Bolivia a través de los anuncios realizados por el presidente Luis Arce.
“No es posible que esto lo vayan tergiversando de que es un gasolinazo encubierto, (eso es) totalmente falso (porque) este tipo de gasolinas requieren nuestros vehículos (de alta gama) dentro del territorio nacional”, afirmó.
En el país se espera comercializar la gasolina Premium de 100 octanos a Bs 6,71 el litro y ya se vende la gasolina Premium Plus de 95 octanos a Bs 5,71, el litro