“Ñapu’ã Paraguay” (Levantemos Paraguay, en guaraní) es el nombre del plan de recuperación económica que presentó el entonces gobierno de Mario Abdo Benítez, el 29 de junio de 2020. El paquete de medidas, consta de tres ejes estratégicos como protección social, inversión pública para empleos y créditos para el desarrollo, principalmente dirigido a pequeñas y medianas empresas.

Tres años más tarde, el presidente electo de Paraguay, Santiago Peña y Abdo Benítez sellaban la continuidad del plan, con la célebre frase “hemos dejado atrás las diferencias políticas” que “demuestra un compromiso con nuestra nación por sobre las coyunturas políticas momentáneas”, decía el presidente saliente.

Sin embargo, la continuidad no es mérito de los dos últimos presidentes paraguayos. “Esta no es una carrera de 100 metros, es una maratón de 42 kilómetros”, dijo la semana pasada el ministro de Economía, Carlos Fernández, al resumir la política económica de su país de los últimos 30 años.

Debido a la sostenibilidad de las medidas adoptadas en 2003, “el país del mate” tiene hoy una inflación de 4,4% anual, reservas en su Banco Central equivalentes al 25% de su PIB y un riesgo país de 178 puntos básicos. El índice de pobreza cayó de 54% a 24% en los últimos años y, en febrero pasado, emitió en Nueva York bonos en guaraníes, a una tasa de interés de 7,9%, recibiendo ofertas por el equivalente a 3.500 millones de dólares.

Mientras tanto, la situación de Bolivia continúa en contrarruta a la de Paraguay y a la de otros países de la región como Perú, Chile y Uruguay que, a pesar de haber transitado entre gobiernos de izquierda y de derecha, han mantenido el rumbo pospandemia de recuperación de sus economías.

De hecho, el empresario y dirigente político Samuel Doria Medina, luego de una visita a Paraguay, constató que unas mil empresas bolivianas han migrado a ese país, gracias a los incentivos para la inversión y la asfixiante situación económica boliviana, profundizada por la escasez de dólares, diésel, creciente inflación y distorsiones provocadas por el “Modelo Económico Social Comunitario Productivo”, que impera en el país desde hace más de 18 años.

Ian Miranda, subgerente de Investigación de la Cámara de Industria, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), destacó que en Paraguay, además, se han promovido inversiones en infraestructura en coordinación entre el sector público y privado, a través de la “Ley de promoción de la inversión en infraestructura pública y ampliación y mejoramiento de los bienes y servicios a cargo del Estado”, que ha sido clave para atraer inversión extranjera directa en sectores estratégicos como el transporte y la energía.

“Mientras que Uruguay tiene un marco legal e instituciones sólidas que ha permitido, al 2022 tengan 11 multinacionales instaladas en su país, entre servicios financieros y tecnología. Esto fue posible por la seguridad jurídica que les ha permitido atraer inversiones extranjeras con la Ley de Promoción de Inversiones, que establece un régimen de incentivos fiscales para atraer Inversión Extranjera Directa, a través de beneficios fiscales con la exoneración de impuestos”, indicó.

Miranda destacó también que, en Uruguay, siguiendo los lineamientos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en 2020 se emitió el Decreto N.° 268/020 para generar incentivos para inversiones en proyectos de energías renovables y movilidad eléctrica, exonerando hasta un 90% el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas, lo que equivale el IUE en Bolivia.

Caso de Bolivia

Según el Índice de Libertad Económica (ILE) de la Fundación Heritage la puntuación de Bolivia es de 43,5, lo que la sitúa en el puesto 165 -de 184 países- del último ranking de 2024. A pesar de haber aumentado la calificación en 0,1 puntos con respecto al año pasado, Bolivia ocupa el puesto 30 entre 32 países de la región de las Américas. La puntuación de libertad económica del país es inferior a los promedios mundiales y regionales.

“La economía de Bolivia se considera reprimida”, según el ILE. Y advierte: “Los cimientos de la libertad económica en Bolivia siguen estando gravemente afectados por problemas estructurales e institucionales. El sistema judicial es vulnerable a la interferencia política, la corrupción está muy extendida y el Estado de derecho es débil. La creciente presencia del Estado en la actividad económica ha alejado, cada vez más, a la economía de la apertura del libre mercado”, sentencia el informe.

En ese marco, Heritage apuntó que la libertad empresarial en general, sigue siendo prácticamente la misma y se encuentra en un nivel bajo. “El código laboral es obsoleto y oneroso. El gobierno mantiene controles sobre los precios de productos como el azúcar, el maíz y el pan”, remató.

Por su parte, Ian Miranda acotó que de acuerdo con el Doing Business Report 2020 del Banco Mundial, Bolivia se encuentra en el puesto 150 de 190 países para hacer negocios. “Comparándonos con países de América Latina y el Caribe (ALAC) tenemos plazos de 39,5 días para la apertura de negocios, frente los 29,8 días en países de ALC; 42 trámites para el pago de impuestos, frente los 28,2 de países de ALC; 1.025 horas para el pago de impuestos, frente a los 317,1 de los demás países de ALC, y una tasa de impuestos y contribuciones total del porcentaje de ganancias del 83,7%”, detalló.

Nuevos destinos

Miguel Mardóñez, socio de la firma Ratio Legis, especialista en comercio exterior que asesora a las empresas bolivianas en su internacionalización, la tendencia de las empresas de Bolivia a migrar a Paraguay, empezó hace unos 10 años, toda vez que en el país vecino existe un contexto social y cultural similar al oriente y chaco boliviano, lo que hace más fácil la implantación de empresas.

Citó el caso de empresas del Grupo Alianza Seguros y Reaseguros, Farmacias Chávez y otras que buscan optimizar sus operaciones, diversificar los mercados y, sobre todo, generar más oportunidades en un contexto mundial que juega con reglas competitivas y de libre mercado.

“Existen países como Paraguay, Ecuador, Colombia, entre otros, que tienen políticas para atraer inversiones, siendo sus incentivos la facilidad de obtener residencia como inversor, exenciones en ciertos impuestos, mientras se implanta la empresa; leyes de maquila beneficiosas; leyes de inversiones en base a proyectos y asociaciones público privadas; beneficios impositivos; zonas francas; celeridad en trámites y otros que hacen atractivo el emprender, invertir y trabajar en otro país, con una economía de libre mercado y competencia”, señaló.

Si bien es cierto que gobiernos o políticas de diferente ideología pueden cambiar las reglas del juego, según Mardóñez, hay un factor importante que es la sociedad o el pueblo, que ya se acostumbra a esta libre economía y la riqueza, que hace que las ‘políticas socialistas’, consideradas antagónicas al mercado, sean “muy fugaces”.

“Los países que tuvieron menos presencia de políticas socialistas y mantuvieron sus constituciones políticas y sus normas con un respecto a la libertad empresarial, seguridad del derecho propietario, manejo libre de divisas y, sobre todo, la generación de la normativa y el ambiente empresarial apta para atraer inversiones y optimizar la industrialización de las empresas, con fines del abastecimiento del mercado interno y la exportación de nuestros productos, son la que ahora vemos que maduraron políticamente y generaron riqueza para el país y su población”, resaltó el experto.

El cambio para Bolivia

Mardóñez planteó que Bolivia, incluyendo a su Gobierno y su sociedad, debe asumir que un cambio de mentalidad y concluir que “es bueno buscar la riqueza”, para que las políticas del Gobierno y la actitud empresarial estén enfocadas en el mismo camino.

“Las normas de persecución y hostigamiento deben ser eliminadas y plantear una economía de libertad empresarial, velando por el trabajador, como fuente de riqueza, y atrayendo inversiones a efectos que la situación de Bolivia sea próspera, los inversores confíen en la política y, sobre todo, tengan la certeza que la normativa legal precautela y respeta las inversiones”, profundizó.

Por su parte, el economista Fernando Romero propuso que debe ser una política de Estado, tanto del gobierno nacional, como gobiernos departamentales y municipales, el de dar las condiciones para que los emprendedores, inversionistas y empresarios, tanto locales como extranjeros, se queden, continúen invirtiendo o traigan sus capitales al país.

“Si a los empresarios o inversionistas les va bien, a mí también me va a ir bien. En Paraguay es clave el sistema de ‘10-10-10’, es decir, 10% para el IVA, 10% para la renta personal y 10% para la renta empresarial. Que hace que este sistema tributario sea uno de los más bajos pero eficientes de Latinoamérica y el Caribe”, consideró Romero.

En tanto, el economista Rubén Arias remarcó que en Bolivia existe una filosofía de política económica que prioriza el rol del Estado sobre las actividades que puedan realizar los entes privados. “Por lo tanto, no hay una política de incentivos y de atracción como lo hay en otros países, como Chile, como Perú, Paraguay y, como nuevamente se está dando, por ejemplo, en Argentina”.

En ese sentido, convocó al Gobierno a dejar de lado su papel “controlador” de los recursos naturales que solo generan “algunos dividendos” que se distribuyen en bonos a la población. “Pero cuando se acabó el recurso natural, se acabó todo, porque no hubo exploración, reinversión, y se acabaron los bonos y el crecimiento”, resaltó Arias.

Estrategias y cambios en la política dan resultados en Paraguay, Perú y Argentina

En 2022, la sequía causó estragos en los cultivos de soya de Paraguay, por lo que el Gobierno lanzó el régimen de Maquila, que favoreció que se produzcan productos en ese país e inmediatamente se exporten sin ningún tipo de impuestos a Brasil. Eso permitió desarrollar una industria en plásticos, tejidos, zapatos, farmacéuticas y cableado para autos.

En Perú, según el Banco Mundial (BM) la estrategia económica del país, caracterizada por políticas macroeconómicas sólidas y prudentes, dio como resultados una deuda pública más baja, reservas internacionales sustanciales y un Banco Central que es ampliamente considerado confiable.

Chile continúa siendo el país de América Latina que aparece en una mejor posición en el ranking del Economista Intelligence Unit (EIU). Sin embargo, registró una importante caída de ocho puestos en la lista global, desde el 22 hasta el 30.

Esto se debe a que el actual gobierno de Gabriel Boric ha promovido políticas que no son favorables a los negocios. En el caso del litio, el gobierno estableció una política que obliga a las empresas que quieren invertir en el sector a asociarse con el Estado, lo cual desincentiva la inversión.

En Argentina, con la llegada de Javier Milei, ha hecho que este país se haya convertido en el segundo después de Grecia con mayores posibilidades de favorecer las inversiones.

PARA SABER

La Presión Fiscal Equivalente como porcentaje del PIB en Paraguay, según el BID. Es la segunda menor en la región.

La Presión Fiscal Equivalente como porcentaje del PIB en Bolivia. Es la séptima mayor en Latinoamérica.

La Presión Fiscal Equivalente como porcentaje del PIB en Brasil. Es la mayor de Latinoamérica.

LIBERTAD ECONÓMICA

Estado de Derecho. El índice de la Fundación Heritage, dice que el Estado de derecho en Bolivia es débil. El puntaje en materia de eficacia judicial está por debajo del promedio mundial; y su puntaje en materia de integridad gubernamental está por debajo del promedio mundial.

Impuestos. El tipo impositivo máximo sobre la renta de las personas físicas es del 13% y el tipo impositivo máximo sobre las empresas es del 25%.

Gasto. Los promedios de gasto público y de saldo presupuestario a tres años son, respectivamente, del 36% y del -9,7% del PIB. La deuda pública asciende al 80% del PIB.

Regulación. El entorno regulatorio general de Bolivia está poco institucionalizado y es ineficiente. El marco general de inversión es opaco.