Luego de la reunión que Mario Justiniano, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), mantuvo con el ministro de Gobierno (Eduardo Del Castillo), autoridades policiales y funcionarios de la inteligencia policial, el representante del agro se mostró confiado con el compromiso de las autoridades para ponerle un freno a los avasallamientos de predios y comunidades que afectan principalmente a Santa Cruz.
Justiniano remarcó que los que llevan adelante el tráfico de tierras no son campesinos que necesitan tierras para producir, sino que se trata de avasalladores a los que no les tiembla la mano para matar y así conseguir la toma de predios privados o tierras de comunidades.
“No son simples campesinos. Son maleantes organizados, bandas criminales. Organizaciones corporativas. Por lo que urge agarrar a los responsables por el tráfico de tierra”, observó Justiniano.
Para lograr aquello, Justiniano considera que la Justicia debe hacer una correcta evaluación de los responsables de estos ilícitos, investigar y encarcelarlos y que "mínimamente estén ocho años tras las rejas".
Durante la reunión se hizo un análisis exhaustivo de la situación de las diferentes unidades productivas que se encuentran avasalladas y que de acuerdo con el plan que está trabajando el cuerpo de inteligencia de la Policía, ya se tienen provisto empezar con el desalojo de los avasalladores.
Se detalló que la CAO maneja una lista de 12 predios afectados por estos ilícitos a los que se deben agregar a las 208 comunidades que de acuerdo con el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) que sufren de la violencia de los tomatierras en todo el territorio nacional.
Respecto al cabildo que se realiza en Guarayos, Justiniano remarcó que desde las instituciones se apoyan este tipo de medidas que buscan terminar con la violencia y abuso de los avasalladores.