El jurista Antonio Peres Velasco ha presentado su libro “Ambigüedad y miedo en el Derecho” (Plural editores, diciembre 2023) que analiza la realidad no solo del Derecho, sino del país en su contexto general a partir del 2009 que se aprobó la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia.
    Una de sus conclusiones señala que “el modelo de pluralismo jurídico, adoptado por la Constitución del 2009, ha fracasado por la ambigüedad que surge del tratamiento ideológico y políticamente sesgado del problema de la diversidad cultural y jurídica y por el uso del miedo como herramienta de control de la ciudadanía. La ambigüedad y el miedo son pues los dos términos que mejor explican el carácter disruptivo del proceso de cambio allanado por la Constitución del 2009”.
    El autor en el análisis presentado, señala que la Constitución del 2009 en eje ideológico y normativo ha expresado dos constructos: uno “indígena originario campesino” y el otro “político inquisitorial”.
    El constructo “indígena originario campesino” “constituyó una de las principales ideas fuerza y bases constitutivas de la estrategia de poder hegemónico del partido de gobierno. Incorporado a la Constitución del 2009 con el sustento de la acumulación ideológica de los años previos, este constructo explicitó y activó el repertorio histórico y el metalenguaje jurídico que hablaban del carácter idílico y ejemplar de las formaciones precolombinas y del sometimiento, racismo, explotación y exclusión que había recaído sobre los pueblos indígenas, durante la Colonia y la República, pasando por alto la gradual transformación de la realidad económica, social y política del país. En su afán reduccionista y simplificador, ese metalenguaje daba entender que los pueblos indígenas seguían sumidos en las condiciones de expoliación, exclusión y desigualdad, impuestas por la Colonia y perpetuadas por la República”.
    Podemos afirmar que el constructo “indígena originario campesino” cumple una función esencialmente política y electoral y, a semejanza de los viejos estatutos feudales, establece una relación de sumisión, no hacia el pueblo o la comunidad, “sino hacia el factor real de poder que no es otro que el partido político que detenta el poder público”.
    El constructo “político inquisitorial”, es el otro complejo conceptual que subyace en el texto constitucional y se evidencia por los acontecimientos históricos de los últimos quince años.
    El constructo “político inquisitorial”, “fue constitucionalizado con el propósito y función de establecer un régimen jurídico de control de la oposición y disidencia política. Desde ese punto de vista el constructo analizado tuvo la función de neutralizar a la élite política y profesional de los gobiernos anteriores al 2006 y, actualmente, responde al propósito de controlar a los disidentes y opositores, mediante el uso del miedo al castigo judicial”.
    Otro aspecto importante que toca el autor en su libro analizado, se refiere a la reforma constitucional, que en estos momentos adquiere una importancia valiosa porque ya han surgido voces que sin considerar el fondo del problema piden una reforma constitucional. Peres Velasco considera que “con carácter previo a cualquier reforma constitucional, debe existir un cambio profundo de la cultura jurídica y política que hasta el presente ha precipitado periódicamente a la sociedad boliviana en el foso del autoritarismo, la fragmentación social y el desprecio por la ley. Si se quiere revertir y superar esa especie de condena histórica, es fundamental reconocer que se debe deconstruir el conflicto histórico subyacente y su respectivo reato, que operan como repertorio y metalenguaje jurídico del Estado Plurinacional”.
    Estamos en una actual vorágine de incertidumbre y, pensamientos como los analizados nos van mostrando caminos que indefectiblemente se tendrán que seguir.