La economía boliviana enfrenta un momento crítico al registrar un crecimiento del 2,58% en el primer semestre de 2024, el segundo más bajo en los últimos 12 años. A pesar de ser la tercera economía en Sudamérica, la situación actual refleja serios problemas estructurales y un contexto externo difícil que han comenzado a afectar la estabilidad económica que el país disfrutó en años anteriores.

La reciente publicación del Instituto Nacional de Estadística (INE) ha suscitado debates sobre el verdadero estado de la economía boliviana. Si bien el Gobierno destaca que Bolivia es la tercera economía con mejor desempeño en la región, estos números son engañosos. Comparar el crecimiento de 2024 con el de un año marcado por la crisis sanitaria global, como fue 2020, resulta poco representativo de la salud económica real del país.

Un análisis más profundo revela que el 2,58% de crecimiento acumulado hasta junio no es un indicador de éxito, sino que refleja una tendencia preocupante. La comparación con el 6,97% alcanzado en 2013 muestra una clara desaceleración. Si bien hubo un incremento del 4,81% del primer al segundo trimestre de 2024, este crecimiento no es suficiente para cumplir con las expectativas del gobierno de alcanzar un PIB a precios constantes de $us 52.833 millones para finales de año. Hasta ahora, solo se ha logrado el 47,48% de esta meta.

Los sectores económicos muestran un desempeño desigual. Aunque algunas áreas como electricidad, gas y agua han tenido incrementos significativos, otros, como la actividad de petróleo y gas, continúan en caída libre. Este deterioro es alarmante, ya que la economía boliviana ha dependido históricamente de los hidrocarburos.

El comercio exterior también muestra signos de deterioro, con caídas en la inversión y en el gasto público. Las importaciones se han visto afectadas, y la escasez de divisas se ha vuelto un problema palpable para la población. Desde 2023, se ha sentido un desabastecimiento de dólares, lo que ha impactado directamente en el bolsillo de los bolivianos. Las largas filas en surtidores y las protestas del sector transporte son solo ejemplos de las tensiones sociales que emanan de esta crisis.

La gestión del sector hidrocarburífero, que fue uno de los pilares del crecimiento, ha sido criticada por su falta de exploración y por no cuidar adecuadamente la nacionalización. La caída en la producción de gas ha mermado las rentas del Estado, pasando de más de $us 5.489 anuales en 2014 a menos de 1.700 millones, lo que ha contribuido al déficit fiscal y a la falta de liquidez del Gobierno.

El presidente Luis Arce ha reconocido las dificultades, pero su administración se enfrenta a un dilema: mientras plantea estrategias para reactivar la economía, la fragmentación política y la falta de consenso dificultan la aprobación de créditos. Este estancamiento legislativo pone en riesgo la posibilidad de afrontar la crisis.

La situación económica en Bolivia es grave y requiere un abordaje integral. No basta con realizar comparaciones superficiales o subestimar los problemas estructurales que afectan al país. La necesidad de diversificar la economía y buscar nuevas fuentes de ingresos es más urgente que nunca. La población, que ya siente el impacto de la crisis a través del aumento de precios y la escasez de productos, espera respuestas efectivas que vayan más allá de las promesas gubernamentales.