En muchas circunstancias de la política de Bolivia se aplica la frase: “Cambiar todo para que no cambie nada”. Las elecciones judiciales vividas ayer parecen ser otro ejemplo de esta misma situación. Los bolivianos votaron para cambiar autoridades del Poder Judicial, pero no lograron una verdadera transformación de la justicia.

Con el voto popular se reemplazará a 19 autoridades judiciales de un total de 26. Hay reemplazo en el Consejo de la Magistratura, en el Tribunal Agroambiental; parcialmente se votó para renovar la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia y se votó a medias para renovar el Tribunal Constitucional Plurinacional, ahora mismo convertido en un poder supremo, capaz de alterar el orden del país de plumazo en plumazo.

Lo anterior quiere decir que se votó para remover autoridades judiciales, pero que la mayoría poderosa y afín al Gobierno de Luis Arce, que impera en el Tribunal Constitucional, se mantiene intacta. Quedan cinco autoprorrogados y se eligió a cuatro nuevas autoridades.

Eso significa que los cinco autoprorrogados, que han sido funcionales al Poder Ejecutivo, seguirán siendo mayoría y que este alto tribunal seguirá amenazando la institucionalidad y la democracia en el país. Cambiaron algunos de los nombres de los elegidos, pero a la vez no cambió nada.

En la tercera elección judicial de la democracia boliviana, se volvió a demostrar que este proceso es un fracaso y que solo la demagogia puede resaltar que el pueblo elige a sus autoridades judiciales. En los hechos, hubo 7,3 millones de ciudadanos habilitados para sufragar, pero sólo una mínima parte de los electores sabía, en realidad, por quién estaba votando. Poco o nada se supo de los antecedentes de los candidatos a las diferentes cortes, la ley les prohibía hacer campaña y la divulgación de sus hojas de vida apenas era una lectura de currículum que no permitía saber qué pensaban de la justicia y qué ideas planteaban para su reforma.

En este maltrecho proceso electoral, los magistrados que acabaron su mandato en diciembre de 2023 se autoprorrogaron y asumieron poderes extraordinarios, con los que manipularon la Constitución a su justo e interés. Al frente, el Poder Legislativo fue avasallado y no dio la talla para defender la democracia y las normas del país.

Pronto serán posesionadas las nuevas autoridades del Órgano Judicial. El día de la votación, la gran duda estaba en quiénes de los postulantes tenían militancia política o, al menos afinidad con alguno de los partidos del oficialismo y la oposición. La interrogante no fue respondida y queda casi la certeza de que, si pasaron tantos filtros en el Legislativo, tienen nomás su afinidad con el Movimiento Al Socialismo.

Cuando asuman las nuevas autoridades judiciales deben trabajar con responsabilidad. Primero, porque la ciudadanía necesita recuperar la fe en la justicia. Segundo, porque urge una verdadera reforma de ese poder del Estado, con criterios que desmenucen todo lo que hace falta cambiar, desde el presupuesto que tiene hasta la calificación de sus miembros y de los procedimientos que se siguen en las causas judiciales.

El órgano electoral y los observadores de la OEA resaltaron la participación y la tranquilidad con que se desarrolló la jornada electoral. La ciudadanía mostró una conducta ejemplar. Lastimosamente, en la mayor parte de los casos, fue por obligación y no por convicción.