El presidente del tribunal supremo electoral, Óscar Hassenteufel, quiere eliminar el tribunal constitucional, y sugiere crear (en su lugar) una sala en el tribunal supremo (al estilo Costa Rica) que se encargue de las atribuciones constitucionales. La idea surge después que el tribunal constitucional fraccionó las elecciones judiciales, y se cuestiona el voto popular para designar magistrados de las Altas Cortes.

Que el TCP haya quitado atribuciones a la asamblea legislativa y al órgano electoral, y tenga por ahí algunas otras perlas (sentencias) dictadas durante los últimos 15 años, no justifica proponer su eliminación. Es como buscar el cierre de las escuelas porque los niños no entienden lo que leen, las universidades porque reina la mediocridad, los hospitales porque se realice alguna mala praxis, cerrar los estadios porque los equipos están en crisis, o cerrar la Casa del Pueblo porque el gobierno y el modelo del MAS ha fracasado.

La creación del TC no fue nada pacífica, entre otras cosas, porque hubo oposición de la ex Corte Suprema de Justicia, y el gobierno de Evo Morales no tuvo reparos en descalificar a la institución y a sus primeros magistrados. La guerra no declarada de ese gobierno consistió no sólo en el hostigamiento público y promover que grupos afines al partido gobernante hayan tomado e incendiado parte de sus instalaciones en Sucre, sino también se encargó de iniciar juicio de responsabilidades a los magistrados para defenestrarlos, al extremo que el TC ha estado completamente “boqueado” más de dos años.

En el Informe Anual de Labores (2006-2007), el TC denunciaba a los denominados “Ponchos Rojos”, y a los cuatro mil mineros, que destrozaron con dinamitazos parte de la fachada del edificio, sin que las fuerzas del orden hayan tomado medidas para evitarlo por no estar autorizadas a reprimir ningún movimiento social, dejando desprotegida a una entidad estatal de la turba enardecida que atacaba con violencia. Sin embargo, con sus luces y sombras el TC ha cumplido más de dos décadas, de modo que hoy sus resoluciones son referencia obligada para la interpretación de la práctica totalidad de nuestro ordenamiento jurídico. Todo este reconocimiento se debe no sólo a la naturaleza de la institución, aunque ello contribuyó mucho, sino, sobre todo, a la personalidad de los primeros magistrados del TC que fueron designados por consenso de entre juristas de auténtico prestigio y profesores universitarios.

El TC consiguió realizar una doble tarea: hacer realidad las normas constitucionales y efectuar una labor educadora para nuestra cultura jurídica, huérfana de tradición jurídico-constitucional. El programa de pedagogía constitucional y los permanentes seminarios nacionales e internacionales, contribuyeron a la consolidación de la conciencia constitucional. Y podría decirse que los bolivianos tenemos derechos fundamentales no sólo porque la Constitución los reconozca, sino, sobre todo, porque el TC los hacía realidad (por lo menos en el primer quinquenio de funcionamiento).

En una primera etapa, el TC centró sus mejores esfuerzos en asentar los principios y valores constitucionales, haciendo una interpretación expansiva en materia de derechos y libertades fundamentales facilitando la plena operatividad de éstos en las diferentes esferas de la vida jurídica. Así, por ejemplo, reconoció la primera elección popular de los Prefectos de Departamento, según SC 075/2005 de 13 de octubre. Y anuló resoluciones judiciales, que tenían el sello de cosa juzgada, cuando advertía que en esos procesos se había vulnerado derechos y garantías previstos por la Constitución.

Otra novedad fue la fuerza vinculante y obligatoria de su jurisprudencia tanto vertical (para los jueces y tribunales de jerarquía inferior), como horizontal (para el propio TC o tribunales de igual jerarquía). Y cierra el sistema judicial porque en contra de “las decisiones y sentencias del TC… no cabe recurso ordinario ulterior alguno” (art. 203 CPE). La doctrina impartida por el TC deviene vinculante para el ejecutivo, el legislativo, el judicial y el electoral.

La creación del TC supuso una verdadera revolución jurídica que nos pone a tono (en teoría) con los grandes adelantos jurisdiccionales en materia constitucional, y busca proteger la supremacía de la Constitución y los derechos fundamentales, que constituyen la razón de ser de todo Estado que se precie de organizado y mínimamente moderno. Las instituciones no son buenas ni malas: depende de a quiénes y cómo se designen a sus representantes y si tienen o no vocación de servicio.