¿Omisión o complicidad? Quizás muchos intuyen la respuesta, pero formulo la pregunta porque pienso que se debe investigar y sancionar, si es el caso. Ardieron 10 millones de hectáreas en Bolivia, seis millones corresponden a bosques. Varios organismos indagaron y dan muchas luces acerca de quienes son los responsables. Sin embargo, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) brillan por su ausencia en el control y protección de los recursos naturales de todos los bolivianos. En el área rural hay una seguidilla de vulneraciones a la ley y ocurren porque nadie pone freno. El Estado, a través de las instituciones mencionadas, o lo sabe y mira a un costado, o contribuye para la destrucción de las áreas forestales.

Oxfam acaba de dar a conocer una investigación sobre los incendios. Concluye que las tierras desmontadas cuestan diez veces más que las áreas que tienen superficie boscosa. Se habla de una diferencia que puede ir de $us 250 por hectárea cuando es forestal a $us 2.500 cuando se han eliminado los árboles y se ha puesto a punto como tierra de cultivo. Es un negocio redondo para los comerciantes de estas áreas, que promueven el chaqueo y la tapa, con el fin de enriquecerse a costa del crimen de la vegetación y de los animales. De acuerdo con la pesquisa, el incremento de precio puede ser mayor dependiendo del lugar, los servicios con que cuenta. Muchos extranjeros compran, porque a pesar de todo, hacerlo en Bolivia es más barato que en la región.

Otra irregularidad muy grave es la proliferación de hornos de donde salen toneladas de carbón. Estos se multiplican y nadie les pone freno. Para los lugareños, ni siquiera se sabe si tienen permiso de la autoridad o no. Así nos va.