Un cerco judicial parece estrecharse alrededor de Evo Morales, después de que la Fiscalía Departamental de Tarija presentara una imputación en su contra por el delito de trata agravada de personas y de que no acudiera a prestar su declaración informativa en los plazos establecidos. La fiscal tarijeña Sandra Gutiérrez confirmó la imputación formal ante un juzgado cautelar para que determine fecha y hora de la audiencia correspondiente. Junto a la de Morales, está confirmada la orden de captura de la madre de la víctima, una menor de 14 años sometida sexualmente por el cocalero, según reza la denuncia.

La situación de Evo tiende a complicarse porque la Policía constató que proporcionó una dirección falsa de su domicilio y por eso no pudo ejecutarse su aprehensión. Se desconoce si es el mismo inmueble donde hace poco fue arrojada una sustancia supuestamente nociva y que el dueño de casa denunció como dizque un nuevo intento de acabar con su vida. Morales se mantiene atrincherado en el Chapare y con aparatoso despliegue, acudió el domingo a votar en las elecciones judiciales para “cumplir con su deber ciudadano”.

“Quien se esconde o escapa es un delincuente confeso, no es un perseguido político”, elucubró el ciudadano de Orinoca en mayo de 2016 cuando aún disfrutaba de las mieles del poder. Ahora está atrincherado en su feudo chapareño hasta donde tendrán que llegar fuerzas policiales para hacer cumplir la orden de aprehensión porque es improbable que Evo se presente voluntariamente a declarar. Entonces, se convertirá en rehén de sus propias palabras.