Fuera de las sui géneris elecciones judiciales llevadas a cabo el domingo pasado, la extradición de Maximiliano Dávila sin lugar a dudas es una acción del gobierno actual que más llama la atención, no solo nacional.

En el país multipluri, la declaración de Anne Milgram, administradora de la DEA, manifestando que “ningún funcionario corrupto es intocable”, probablemente hace temblar a más de un funcionario público que se encuentre comprometido en la corrupta y probablemente enorme red del narcotráfico multipluri. Milgram también dijo que Dávila “transformó su agencia en una máquina de tráfico de cocaína” (El deber, El Día, Brújula digital 13/12/2024) y el mismo despacho de prensa señala que el caso será manejado por el Fiscal Damian Williams para presentarlo ante la jueza Robyn F. Tarnofsky. Su caso será supervisado por la jueza Denise L. Cote, todas, personalidades internacionalmente reconocidas del aparato legal de los Estados Unidos.

Más allá del hecho, esté o no relacionado a la pelea interna del MAS, con los antecedentes conocidos del caso (van cuatro bolivianos extraditados a los EUA), el incremento de las incautaciones de cocaína dentro y fuera del país, el apresamiento en Bolivia de un pez gordo del narcotráfico peruano (Adrián Velarde Huamani – “Barón de la droga”), las rutas del tráfico de drogas (la ruta “caipira” en el oriente del país), la presencia de cárteles internacionales como el Primer Comando de la Capital y el Comando Vermelho del Brasil o el cártel de Sinaloa de México; el cártel del Tren de Aragua en el occidente del país (aunque ya se nota su presencia también en Santa Cruz)…en fin, ya no se puede negar, primero, que la magnitud del narcotráfico en Bolivia ha crecido de manera desmesurada.

Segundo, la infiltración del narcotráfico en la policía boliviana y específicamente en la Felcn, es un hecho que exige una depuración y reordenamiento estructural. Tercero, el abogado de Dávila manifestó a la prensa que su defendido dejó una carta conteniendo nombres de “autoridades” relacionadas al tema de su extradición, lo que indica que la infiltración llegó a niveles importantísimos en las actuales autoridades públicas. Cuarto, que aparentemente nada escapa a la DEA y su expulsión no significó mucho en su accionar internacional relacionado al tráfico internacional de drogas. Quinto, se nota, por lo menos, un grado de preocupación e impotencia en el ala evista del MAS (¿por qué?), cuando un importante miembro de ese partido ¡sugiere recurrir al Papa con antecedentes del tema!

El sexto punto tiene que ver con el accionar de Dávila en los EEUU. Por de pronto ya adelantó que protegía envíos de cocaína con personal armado y que además cobraba un porcentaje por kilo transportado (Infobae 13/12/2024). Al momento de la redacción de esta columna, faltaba por ver lo que Dávila diría para acortar o suavizar su probable condena, un hecho permitido por justicia del norte.

En todo caso, la experiencia internacional también muestra que el crimen organizado, especialmente el relacionado al tráfico ilícito de drogas, suele ser cruel y despiadado al tratar de asegurar la impunidad de sus miembros que se encuentran todavía en libertad y no vacila en amenazar a la familia y/o allegados de la víctima de turno, para acallarlo; eso, sin contar que también existe un código entre malandrines que en tiempos de la mafia norteamericana le pusieron un nombre: la “ley de la omertá” o “ley del silencio”.

Todavía estamos viendo el desarrollo del hecho.