El Comité Cívico pro Santa Cruz se declaró en estado de emergencia en rechazo al “paquetazo de leyes mordaza” y manifestó su respaldo a la alianza intersectorial que ayer logró masificar las movilizaciones en cinco ciudades para pedir el archivo definitivo de los proyectos cuestionados y en contra de la administración del fondo de pensiones por parte de la Gestora Pública. El MAS calificó las protestas como intentos de desestabilización.

“Los proyectos de ley 280, 305, 304, así como el decreto 4906 criminalizan la protesta ciudadana, realizan el congelamiento indebido de bienes, así como la búsqueda de acallar a la ciudadanía con leyes mordaza que coartan la libertad de expresión y el derecho a la protesta. Por tanto, el directorio del comité resuelve declararnos en estado de emergencia a partir del día de hoy 18 de abril”, leyó el presidente cívico Fernando Larach. 

Las resoluciones contemplan: facultar al presidente cívico cruceño para organizar medidas de presión pacíficas, rechazar los proyectos de ley y al traspaso de fondos de pensiones a la Gestora Pública, apoyo a los comités cívicos del país en caso de que asuman acciones y respaldo a las medidas de los sectores sociales en caso de que los anteproyectos entren en vigencia. 

El martes, gremiales, minoristas, cuentapropistas, transportistas, médicos, maestros, plataformas ciudadanas, cívico, mineros y asalariados se desplegaron con pancartas y petardos por Oruro, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Potosí. 

“Se ha hecho una acción conjunta para demostrar al presidente que el pueblo está molesto ante el proyecto de ley 280. Queremos que retiren este proyecto para que puedan pacificar. No puede ser que el Gobierno nos sindique a los bolivianos que somos contrabandistas, pichicateros o terroristas. Esa ley si quieren hacerla dirigida a los narcotraficantes, terroristas y contrabandistas que sea realmente dirigida a ellos y que no sea ambigua como está ahora”, reclamó el dirigente nacional de los gremiales, Jesús Cahuana, desde Santa Cruz donde las marchas no cesaron pese a la lluvia.

Rodolfo Mancilla, dirigente gremial cercano al MAS, aunque no estuvo de acuerdo con las protestas en el país coincidió en que la norma debe estar direccionada al narcotráfico y terrorismo, pero no a los movimientos sociales.

“Por lo menos que haya un artículo que diga que no se va a perseguir, decomisar ni encarcelar a los gremiales. Creo que estos temas habría que ponernos de acuerdo y consensuar con las autoridades de Estado y los dirigentes de los gremiales”, sugirió.

El vicepresidente de la Asociación de Comerciantes de la Súper Feria de Oruro, Alfredo Sarabia, cuestionó que se intente penalizar el uso de petardos y la confiscación de bienes para aquellos que sean acusados de terroristas. 

Ramiro Balmaceda, ejecutivo de la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas, informó que los auríferos se unieron al rechazo contra la iniciativa legislativa antilavado de dinero y señaló que es “altamente inconstitucional”.

Agregó que suspendieron las mesas de trabajo con el presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado (MAS) y solicitaron la paralización de la ley del oro.

El “paquete” de anteproyectos que están en “statu quo” en el Legislativo contemplan el 280 “de fortalecimiento a la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas”, el 304 sobre uso “indebido” de redes sociales que ya fue retirado y el proyecto 305 que vulnera la Ley de Imprenta.

Sobre este último, la Comisión de Derechos Humanos anunció que retirará el artículo 281 que establece penas carcelarias para las personas que difundan por cualquier medio “ideas basadas en la superioridad racial”. Los periodistas esperan una resolución oficial que confirme la eliminación “in extenso” del apartado.

El presidente del Colegio Médico, Luis Larrea, afirmó que son leyes “que van en contra de la población” porque, de lo contrario, no habrían decidido retirar un artículo del proyecto 305.

Aunque en la capital tarijeña no hubo protestas, el ejecutivo de la Federación de Gremiales de Tarija, Juan Carlos Vargas, se pronunció y dijo que el Gobierno sacó leyes que fueron abrogadas en el pasado y que “en lugar de trabajar por los bolivianos, pone leyes que nos están perjudicando y amordazando”.

En Cochabamba y Potosí ocurrió similar medida de protesta protagonizada por varios sectores. El dirigente gremial César Gonzales señaló que las movilizaciones continuarán hasta el “archivo definitivo” de los proyectos de ley cuestionados.

Desde la jefatura de bancada del MAS, el diputado Andrés Flores afirmó que “no existen motivos” para que las organizaciones sociales se movilicen porque los proyectos están paralizados. “Sabemos muy bien que esto viene desde la oposición que quieren gestar este golpe”, aseguró.

En cambio, el diputado Héctor Arce, del ala evista, informó a los movilizados que “no aprobarán ninguna norma en la Asamblea mientras no sea socializada y consensuada con todos los actores”. Tampoco darán el visto bueno a las normas “orientadas a estrangular, cuadricular y coartar la libertad de expresión” va surtir efecto, en ese sentido no va prosperar ninguna ley”.

La alianza multisectorial también incluyó el apoyo a los jubilados y asalariados que están en contra de que la Gestora Pública tenga el control total de los aportes. Miembros del Conade gritaron por las calles de la Sede de Gobierno: “mafia masista mi plata no se toca”.

“Como parte del pueblo, el Conade se ha plegado a la movilización intersectorial que han llamado diferentes gremios. Estamos expresando la protesta porque intentan apropiarse de $us 24.000 millones que pertenecen al aporte de los trabajadores y también de los jubilados”, señaló uno de los movilizados.

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