La convocatoria para los candidatos a magistrados del Órgano Judicial tendrá un presupuesto adicional al que tiene la Asamblea como institución. Este miércoles, diputados y senadores de la comisión mixta de Constitución aprobaron el desembolso de Bs 830.723 solo para el trabajo de preselección de los postulantes.

La Asamblea Legislativa tiene un presupuesto de Bs 263.276.582 para la gestión 2024, sin embargo, los asambleístas requieren de otro dinero para su trabajo. Los gastos detallados van desde el pago a personal eventual hasta la compra de equipos de computación que sobrepasa los Bs 100.000.

“La Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, para el cumplimiento de sus atribuciones y en específico para llevar el proceso de preselección de candidatas y candidatos para el Tribunal Constitucional Plurinacional y del Órgano Judicial, requiere la asignación de un presupuesto adicional que garantice la seguridad de sus acciones para el periodo legislativo 2023-2024, exigidas por la Constitución Política del Estado y el Reglamento General de la Cámara de Diputados, por un monto total de Bs. 820.728”, señala el informe de la comisión aprobada la noche de este miércoles.

La sesión de los parlamentarios reveló que el trabajo frustrado de 2023 también tuvo un presupuesto similar de recursos y de ese monto, se ejecutó poco más del 26 % hasta marzo cuando se suspendió todo el proceso.

Funcionarios de la Cámara de Senadores, explicaron que las dos cámaras tienen sus propios presupuestos de funcionamiento, un monto a las comisiones permanentes que atienden los asuntos del año. Por tanto, el dinero debía salir del propio presupuesto institucional.

El detalle de este proceso que debe durar al menos 80 días está contemplado por pago de salarios a personal de apoyo, pago de fotocopias, hasta material e imprenta.

Los asambleístas incluyeron el presupuesto de las elecciones judiciales, lo que fue observado por los arcistas, Juan José Jauregui y Jerges Mercado, quienes dijeron que la convocatoria debe reflejar la ley de convocatoria a elecciones judiciales y por tanto no se puede fijar el presupuesto de un proceso que es ajeno al legislativo.

Tres documentos

Después de un extenso y estéril debate de más de seis horas, arcistas, evistas y opositores aprobaron tres documentos, el proyecto de convocatoria a la preselección de candidatos a magistrados y magistradas del Órgano Judicial; el proyecto de resolución de Asamblea; y el presupuesto adicional para las comisiones mixtas.

Estos tres proyectos fueron remitidos a la Vicepresidencia del Estado y ahora queda en manos del vicepresidente, David Choquehuanca, la convocatoria a la Asamblea Plurinacional. Los legisladores consideraron que los tres proyectos pueden ser aprobados hasta el fin de semana y el lunes podría empezar la recepción de postulaciones.

El proyecto de convocatoria a la preselección es el más ampuloso de los tres porque tiene detalles de los requisitos que deben presentar los aspirantes a magistrados. El hecho curioso que nadie objetó fue el de la puntuación, pues en la Ley señala que la calificación será sobre un máximo de 100 puntos. En la convocatoria se habla de un máximo de 200 puntos.

“Por mandato del artículo 16 de la Ley N° 1549 de 06 de febrero de 2024 Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024, se aprueba la Convocatoria Pública a postulantes para la preselección de candidatas y candidatos a magistradas y magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejeras y Consejeros del Consejo de la Magistratura, para el periodo 2024 – 2030”, señala el primer punto del segundo documento, la resolución de Asamblea.

Autoprorrogados

El evismo y los opositores lograron introducir un artículo en la resolución de Asamblea que desconoce el mandato autoprorrogado de los magistrados judiciales, los arcistas observaron el punto, pero se impuso la mayoría de los legisladores que respaldaron con entusiasmo este punto.

“Esta Convocatoria no reconoce a los magistrados o consejeros prorrogados inconstitucionalmente, con el numeral 4) de la parte resolutiva de la Declaración Constitucional 0049/2023, de fecha 11 de diciembre de 2023, quienes cesaron en sus funciones el 02 de enero de 2024, conforme disponen los artículos 183, 188-III, 195-III y 200 de la Constitución Política del Estado”, señala el tercer artículo de la resolución que debe ser aprobada por la Asamblea.

La senadora, Patricia Arce (MAS-ala evista) aseguró que ahora, no se podrá impugnar ningún documento puesto que la Asamblea no reconoce la prórroga de los magistrados a quienes llamó, “esos señores” y demandó su salida de las oficinas judiciales.

El arcismo tuvo a los diputados, Jerges Mercado y Juan José Jauregui como sus únicos defensores y eran los que objetaban varios puntos del documento, pero sus voces solitarias se vieron rebasadas por el voto de sus colegas evistas y opositores.

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