En el país, cada día 157 niñas y jovencitas se enfrentan a la maternidad sin estar preparadas para cumplir este rol. Los embarazos adolescentes siguen truncando sueños, terminando con los estudios y obligando a las niñas a asumir obligaciones de adultos. En Bolivia, casi medio millón de chicas se enfrentaron a esta dura realidad en ocho años.
La Defensoría del Pueblo, en su informe Sueños Interrumpidos, revela datos del Ministerio de Salud que muestran que nuestro país registró 458.246 embarazos de niñas y adolescentes entre 2015 y 2023.
De estos, 28.408 (6,20%) son de niñas entre 10 y 14 años y 429.838 (93,80%) entre los 15 y 19 años. Esto significa que cada día se registran unos 157 de estos casos. Algunas son forzadas a enfrentar esta dura realidad, porque son víctimas de violación.
Los departamentos del eje central son los que concentran la mayoría de los casos. Santa Cruz tiene los mayores registros con 158.245 casos del total (36,52%), seguido por Cochabamba, con 79.082 (18,25%) y La Paz con 75.849 (17,50%).
Detrás de las estadísticas frías hay historias de niñas que deben lidiar con responsabilidades de adultos, lo que las obliga a dejar a un lado sus sueños e incluso a sus familias.
Es el caso de una adolescente que el 9 de febrero cumplió 14 años y, en vez de estar disfrutando del colegio, de los amigos y de la familia, está luchando para tener saludable a su hijo, que el pasado 2 de julio cumplió un año. Su pequeño debe superar un cuadro de desnutrición. Hace poco más de un mes tenía seis kilogramos y ha tenido que buscar ayuda para lograr que supere los siete.
“He tenido que aprender a preparar la papilla salada y otras formas nutritivas, y como vivo en un hogar de acogida para madres adolescentes, también me han enseñado a ser aseada y a mantener todo en su lugar”, dice.
Ella antes vivía con su familia en una comunidad que está en la ruta a Camiri, pero hace un año pasó una situación muy dolorosa que le cambió la vida y sabe muy bien qué es quedarse sin comer, pero sentirse llena de amor al saber que su hijo sí tiene para alimentarse.
“Nunca imaginé ser mamá tan pronto, primero quería mi profesión, después mi casa y luego recién mi familia. Pero se adelantaron las cosas”, señala.
Sus lágrimas corrieron por su mejilla mientras dijo: “fue una violación, pero decidí tenerlo porque alguien me dijo que él no tenía la culpa, pero igual voy a seguir estudiando, porque el próximo año me voy a meter a un centro de educación alternativa, donde voy acortar el tiempo. En el hogar me ayudan, somos siete adolescentes, porque en mi casa no había condiciones”, comenta.
Su agresor no está pagando por su delito. “Lo están buscando y yo estoy trabajando para superar todo esto y seguir adelante”, dice sin poder controlar sus lágrimas. Ella tiene cuatro hermanos que están con su padre. Su madre consiguió un trabajo y se da modos para alcanzarle algo, aunque no siempre puede hacerlo.
La Defensoría del Pueblo lamenta que muchas niñas y adolescentes terminen abandonando los estudios por esta causa. De acuerdo con datos del Ministerio de Educación, 284 escolares dejaron los estudios por cuestiones de embarazo o paternidad entre 2020 y 2021, y de estos, el 88% (251) son mujeres y el 12% (33) varones.
El 66% (165) de las niñas y adolescentes que no volvieron a la escuela son de provincias, y el 34% (86) de ciudades capitales. Los departamentos de Pando, Beni y Potosí son las regiones con mayor índice de deserción escolar de niñas y adolescentes por embarazo en provincias.
La investigación señala que el problema de los embarazos y matrimonios adolescentes debe ser abordado de manera interseccional, sobre todo si se analizan los factores que lo causan.
Estos truncan sueños y afectan los proyectos de vida, especialmente de las niñas y adolescentes del área rural que deben asumir a temprana edad roles y obligaciones para los que no están preparadas.
“Son despojadas de un desarrollo normal de sus infancias y adolescencias, donde en varios casos se pone en riesgo su vida y su salud, lo que genera una mayor probabilidad de que se conviertan en víctimas de violencia familiar, sexual, económica, de abandono escolar y precariedad laboral”, advierte la Defensoría del Pueblo.
Con respecto a Santa Cruz, el estudio revela que durante ocho gestiones se registraron 158.245 embarazos de chicas; de estos, 12.783 (8,1%) fueron de niñas entre 10 y 14 años, y 145. 462 (91,9%) entre 15 y 19 años.
El estudio hace notar que en 2021 hubo un incremento en los casos con relación al 2020, probablemente como consecuencia de la pandemia de covid-19. Los embarazos de niñas de 10 a 14 años pasaron de 890 a 977 y de 15 a 19 de 12.912 a 14.206 en estos dos años.
Solo en 2022, Santa Cruz registró 13.181 embarazos de niñas y adolescentes entre 10 y 19 años, la mayoría de ellos en la ciudad capital (53,9%) y el resto (46,1%) en provincias. Esto significa que cada día 19 chicas quedan embarazadas en Santa Cruz de la Sierra, y dos son niñas de 10 a 14 años.
Según datos de la Maternidad Percy Boland (Hospital de la Mujer), entre un 22% y un 25% de los partos que atienden son de menores de edad.
En 2019 se atendieron 5.448 partos, de los cuales 1.210 fueron de chicas de 15 a 19 años y 187, de entre 10 y 14 años. En 2020, de 5.127 partos atendidos, 1.094 fueron de 15 a 19 años y 188 de entre 10 y 14 años. En 2021 se asistieron 4.621 partos, y de estos 905 fueron de menores de 15 a 19 años, y 157 de 10 a 14 años.
La mayoría de las menores de edad que llegan a la maternidad son víctimas de abuso sexual. Muchas acuden con complicaciones en el embarazo por infecciones, anemia y con antecedentes de partos anteriores.
El estudio de la Defensoría del Pueblo resalta la preocupación de la cantidad de embarazos de niñas de 10 a 14 años registrados en 2022 en los municipios de Montero (46), San Ignacio de Velasco (36), Warnes (31) y Yapacaní (30), cifras que igualan o superan a las registradas en cinco ciudades capitales de departamento (Cobija, La Paz, Tarija, Sucre y Oruro).
Los municipios de Puerto Quijarro (33%), Cuevo (31%) y Saipina (30%) son los que tienen mayor prevalencia durante esa gestión.
El departamento paceño, durante los últimos ocho años registró 75.849 embarazos, de los cuales 2.772 (3,7%) son de niñas entre 10 y 14 años, y el 73.077 (96,3%) de 15 a 19 años.
En la gestión 2022, el departamento de La Paz reportó 5.920 embarazos en niñas y adolescentes entre 10 y 19 años. De estos, 3.134 (52,9%) son de provincias y 2.786 (47,1%) de las ciudades de La Paz y El Alto.
El Alto registró 1.977 casos, superando con un 59% a La Paz (809). En El Alto, cada día cinco niñas o adolescentes de 10 a 19 años quedan embarazadas. Nazacara de Pacajes (38%), Combaya (35%) y Humanata (33%) son municipios con mayor prevalencia.
Los datos muestran que en Cochabamba se registraron 79.082 embarazos entre 2015 y 2022, de los cuales 3.489 (4,4%) corresponden a niñas entre 10 y 14 años, y 75.593 (95,6%) entre 15 y 19 años.
Los municipios con mayores casos son Villa Tunari (29) , Puerto Villarroel (18), Chimoré (12), Entre Ríos (12) y Shinahota (10). Los municipios de Alalay (37%), Morochata (36%) y Raqaypampa (35%) tienen mayor prevalencia.
La Unicef y la Unfpa exhortan a los países a implementar políticas que ayuden a atender esta problemática.
“Las tasas de fecundidad en adolescentes, los niveles de violencia de género y la mortalidad durante el parto son manifestaciones de desigualdad que tienen un efecto significativo sobre la vida de las personas y el desarrollo en nuestra región”, señaló en mayo Susana Sottoli, directora regional del Unfpa para América Latina y el Caribe, durante la firma de un acuerdo de colaboración, con el objetivo de contribuir con la realización de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Agregó que las alianzas permiten intensificar esfuerzos, involucrar a más aliados estratégicos, trabajar de manera coordinada y maximizar los impactos para apoyar a los países en la formulación de políticas públicas que prioricen a las mujeres y niñas, incluyendo el fortalecimiento de la visibilidad estadística que nos permita abordar las disparidades y necesidades de grupos específicos.
Visión Mundial y la Defensoría del Pueblo coinciden en que el lugar más inseguro para los niños es el entorno familiar y la escuela. Además, en el último año hubo al menos siete casos de hermanos adolescentes que abusaron de hermanas niñas, eso no se presentaba antes