Por supuesto que me refiero al paro del viernes, de jornada tranquila; casi sin necesidad de bloqueos, fue un paro acatado por su valor justificativo: los cruceños, en particular,  no somos la cantidad que pretende mal contar el INE: los bolivianos, en general, tampoco. Con seguridad somos muchos más.

Desde las agraviantes y estúpidas palabras del ministro de gobierno, (del Castillo) a una diputada cruceña, de las que se hicieron eco dos diputadas masistas, de poca gravitación (por favor, que alguien me avise si gravita levantar la mano en el hemiciclo) para argumentar que el país sufre una pérdida de población por una cuestión de decisión de las nuevas generaciones que no quisieran tener hijos, pasaron a las lamentaciones de que se haya tomado la decisión de ir al paro que, lo  pre-tildaban de fracaso, a lamentarse de su éxito. El poder centralista sigue sin terminar de entender la lógica del ciudadano cruceño, en todos sus estratos sociales y colores de piel, que, por ningún motivo aceptamos que nos cuenten el cuento del masista nigüento que sigue con sus niguas y no queda contento, como es el caso de los que esperaban otra cosa en la protesta, que debe seguir, con otros métodos en las calles, medios y plazas, hasta lograr se nos devuelva el derecho de “existir” (en este Censo, hay muchos que no existen).

Ya está, no se hable más de ellos, sino de este intríngulis generado en el INE, que entrega unos “resultados provisionales” para que el TSE los apropie inmediatamente y los convierta en referencia para distribuir escaños (ya lo hicieron) y poner al servicio del poder ejecutivo, para que este decida aplicar “ipso facto” y “en cumplimiento de la ley de diciembre 2023”, la distribución económica correspondiente a la “nueva relación poblacional de los departamentos, de acuerdo al Censo”, resultados preliminares que, a decir del ministro del área, en lo que refiere a la distribución de plata, “los números preliminares  se convierten en definitivos”.

La trampa estaba preparada desde hace rato: se hacía el Censo, lo dibujaban como querían y daban a Gobernaciones y Municipios los límites aumentados de los “techos presupuestarios” con obligatoriedad de elaboración a fecha a 16 de septiembre impostergablemente y asunto cerrado. Conmueve la celeridad de un aparato estatal lento y bobo, que alarga todo tipo de proceso económico. En el caso de referencia, en su necesidad política necesitan celeridad y prontitud, porque saben que el recibir los cuadros adaptados en gobernaciones y municipios ajustados al “provisional resultado” implica un reconocimiento a los mismos, valiendo, en consecuencia, como referencia, el irregular y poco creíble Censo.

Si los presupuestos no llegan, las ETAS, (Entidades Territoriales Autónomas) se quedan sin inscribir su POA 2025 y se las van a ver en figurillas, así sea en papeles porque a decir verdad el Estado no tiene plata para repartir, pero, la amenaza no es poca cosa y encima se tiene el problema de que hay municipios en varios lugares del altiplano, sobre todo (y a las áreas amazónicas de los mismos departamentos)  que… aumentaron población; esos van a recibir los montos y con ello le dan razón y fuerza al gobierno como para “armar lo que quiera”.

Difícil el cuadro, político, por lo que bien vale la pena plantear que Asambleas Departamentales (Gobernaciones deben hacer el documento legal) y Concejos Municipales (Alcaldías redactan la ley u ordenanza) resalten que “SE ACPETAN LOS AUMENTOS DE TECHOS PRESUPUESTARIOS DE MANERA PROVISIONAL y no como un hecho definitivo, observando la calidad de trabajo del INE en los resultados preliminares, HASTA QUE, SE RECIBAN LOS RESULTADOS DEFINITIVOS DEL CENSO, lógicamente, después reuniones para la revisión exhaustiva y modificación de los mismos; ESTABLECIENDO QUE EN DICHAS REUNIONES SE COMPATIBILIZARÁN LOS RESULTADOS POBLACIONALES, CORRESPONDIÉNDOLE AL ESTADO, POR LA VIA GUBERNAMENTAL, HACER ENTREGA DE LOS SALDOS QUE CORRESPONDAN A LOS DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS QUE HAYAN AUMENTADO POBLACIÓN, tomándose, al mismo tiempo la determinación de descontar las demasías entregadas a los municipios que las hayan recibido en cuotas mensuales, habida cuenta que los mismos no son los que hicieron los cálculos.

Así, se cumple con la ley que le costó arrancar a las gobernaciones, sobre todo, en diciembre del 2023, tras de 36 días de reclamos en Santa Cruz y los municipios y gobernaciones no entran en falta, omisión e incumplimiento de deberes.

No es fácil, por supuesto; nadie dijo que lo iba a ser, pero esa debe ser la manera de actuar para no darle razones de judicializar lo político al poder débil que mal gobierna el país, pero en una “democracia iliberal”, como la que vivimos, el Poder Ejecutivo maneja los poderes Judicial, Electoral, Policial, Contraloría, Procuraduría, Militares, Defensoría del Pueblo y otras instituciones, pasando a ejercer una especie de “dictacracia” que le permite atropellar la institucionalidad republicana o estatal, como ocurre en los tiempos que corren.

Es claro que no hay otra salida; aquí se debe ver la posibilidad de la oposición en los espacios que le quedan, es decir cámaras de Diputados y Senadores que deben hacer una ley que refuerce la idea, por si acaso el poder Ejecutivo pretenda usar a los Tribunos Constitucionales autoprorrogados para “trancar” las actuaciones. Pueden darse 2 cosas: 1.-) el TCP, en clara manifestación de molestia con el gobierno que los dejó de lado, con la elección de magistrados, apruebe la “provisionalidad de gobernaciones y municipios”, dando luz verde a la condicionada entrega de fondos y, 2.-) que pese a todo, acepte conocer el caso y lo deje en suspenso o, declare la inconstitucionalidad de la ley de provisionalidad de Municipios y Gobernaciones, trabando una situación muy curiosa: el plan del gobierno no se ejecuta, no se reconocen los resultados preliminares y, tampoco se inician acciones legales de incumplimiento de deberes.

En ambos casos pierde el gobierno.

En el caso de las tareas del TCP: NO SE DEBE PERMITIR LA DISTRIBUCIÓN PARLAMENTARIA HASTA QUE LOS RESULTADOS NO SE DECLAREN OFICIALMENTE DEFINITIVOS, es decir que no se pueden tocar hasta tanto no se haya debatido en mesas técnicas, acordadas con el poder Ejecutivo y municipios y gobernaciones, donde se debe revisar TODO, sin limitante alguna. Sostengo que, si se hace bien y si hay argumentos eminentemente técnicos, que todo puede cambiar y, una vez confirmados los resultados oficiales, se pueda elaborar el muevo mapa cartográfico y la distribución parlamentaria. Esto que se puede hacer 90 días antes de las elecciones de agosto del 2025. El tiempo está en función de los 90 días (valga la redundancia) de la entrada en vigencia de la Convocatoria a Elecciones, de manera que nadie se perjudica en la campaña.  

Hay salidas, depende de cómo pretendan actuar los representantes políticos.

Mientras, los Comités interinstitucionales departamentales que ya trabajaron en el tema deben presionar al gobierno para que mueva (no de remover el gobierno) sino de mover, al confundido señor Arandia y esto comience a tratarse. (no creo que “se haga el opa o el loco por peerse a gusto”, como decimos en Santa Cruz, sino que esto tiene una intencionalidad política). Paralelamente, debe convocarse, al mismo tiempo a Organismos Internacionales que no hayan estado en el proceso censal, para que participen con los técnicos locales en la revisión; creo que eso se puede y debe hacer, no es cosa de otro mundo.

Necesitamos respuestas rápidas y eficiencia en los trabajos; no podemos darnos el lujo de ir a elecciones con datos censales dudosos y padrón corrupto (lo hemos demostrado el 2019); esto también hay que buscar sanearlo.

Este país no se puede dar el lujo de seguir sin saber cuántos somos y lo que nos toca a cada uno; consecuentemente, se debe ser firme en el objetivo de hacer que las cosas se ordenen, así sea un tal Luis Arce quien lo desgobierne.