Llegaron las lluvias y, con ellas, el alivio que sentimos los bolivianos y, particularmente, los habitantes de Santa Cruz, Beni y Pando por el final de la larga temporada de incendios. No obstante, hay dos amenazas que flotan constantemente: la primera, que la tragedia ambiental se repita el año que viene y el siguiente; la segunda, que la impunidad se siga campeando y que los autores de tal desastre tengan carta abierta para volver a quemar, porque quiere y porque se lo permiten.

Las quemas comenzaron en mayo de 2024; en junio ya había incendios y en septiembre y octubre la situación era dramática. El fuego devoró una superficie de 10 millones de hectáreas, de las cuales seis millones corresponden a bosques, lo que significa que hay miles de árboles que serán talados y las reservas forestales dejarán de serlo para convertirse en superficie agrícola o de cultivo y después áreas desérticas, irremediablemente perdidas.

¿Qué paso para llegar a esta situación? Es la pregunta que EL DEBER busca responder en una investigación periodística en alianza con la plataforma periodística Connectas que se publica hoy en la edición impresa y mañana, en su versión ampliada, en la página web de EL DEBER y en la de Connectas.

La primera conclusión es la constatación de que la deforestación y el desmonte se han convertido en una política de Estado, ya que hay una decena de normas que autorizan los fuegos y el posterior cambio de uso de suelo. Las áreas forestales son sistemáticamente desmontadas cada año. El Estado puso metas para ampliar la frontera agrícola y esto se hace a costa de los bosques y toda su riqueza. Unos son los discursos que hablan de proteger a la Madre Tierra y otras, muy diferentes, son las acciones deliberadas que hacen todo lo contrario.

Entonces, no es casual que año tras año veamos arder la tierra, especialmente en Beni, Pando y Santa Cruz. No son acciones aisladas, sino deliberadas y avaladas por políticas del Gobierno. La aprobación de leyes comenzó en el gobierno de Evo Morales y ha continuado en el de Luis Arce Catacora, ambos del Movimiento Al Socialismo. Además, cuando se ha intentado poner freno a las autorizaciones de desmonte, han sido colonos (miembros sindicalizados de interculturales y campesinos del mismo partido) quienes amenazaron con medidas de protesta, renegando contra la pausa ambiental. A esas voces se sumaron los productores agropecuarios. Todo esto configura una estructura estatal, privada y popular que avanza en un sentido, mientras la población pide proteger el medio ambiente, a sabiendas de que todas las quemas afectan a los equilibrios ecológicos, a las comunidades indígenas que terminan siendo desplazadas y a la vida de todos porque aceleran el calentamiento global, además de favorecer la corrupción y la inseguridad jurídica.

Una muestra más de que hay una deliberada política que favorece los incendios, los desmontes, la expansión de la frontera agrícola y el tráfico de la tierra tiene que ver con que, a sabiendas de que hay leyes que favorecen las quemas, no las abrogan en el Poder Legislativo.

A lo anterior se suma la impunidad en la que queda todo eso. Uno de los detenidos, que se declaró culpable de haber provocado un incendio, saldó su responsabilidad con plantines. Los casos que llegaron a tener sentencia, obtuvieron una sanción de tres años que no implica cárcel. La justicia agraria es inoperante para castigar el ecocidio y esto quizás se entiende porque el Estado permite con una mano y se indigna con la otra, sin que tal indignación tenga mayores efectos.

EL DEBER y la Plataforma Connectas buscan que esta entrega permita visualizar el problema de manera integral, que la audiencia pueda identificar las responsabilidades del desastre ecológico y, fundamentalmente, que no se repita el ecocidio que deja dolor, costo económico, ambiental y social al país.