El Movimiento Cívico Nacional se sumó al rechazo al proyecto de ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales impulsada por el Gobierno y que se encuentra en debate en la Asamblea Legislativa. Además, condena la persecución en contra de los ciudadanos que luchan por la democracia, la vida y la libertad en el país. Convocaron una reunión para mañana en Santa Cruz,
Los cívicos fijaron su posición en un documento que se hizo público el viernes por la noche, el mismo día en que los gremiales anunciaron que se sumaban al Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) en contra de la normativa y cuando la Fiscalía emitió una citación para que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, se presente el jueves 7 en La Paz a declarar por el caso de terrorismo, sedición y conspiración. Los sectores coinciden en participar de un paro nacional para el lunes 11 de octubre. Un día antes, el domingo 10, los cívicos liderarán “la gran macha por democracia” y acompañarán todas las movilizaciones hasta que la Asamblea Legislativa Plurinacional paralice el debate sobre el proyecto de ley.
“El Movimiento Cívico Nacional se declara en estado de emergencia permanente y en pie de lucha permanente frente a la arremetida violenta del régimen masista, la imposición de leyes inconstitucionales y no respetar las libertades ciudadanas y las demandas regionales por nuestros recursos naturales”, señala el primer punto de la resolución.
Por su lado, el líder de la Confederación de Gremiales de Bolivia, Francisco Figueroa, aseguró que la ley que está en debate en es contrarias al sector minorista y a todo el pueblo de Bolivia. “No sé lo que se quiere, parece que el Gobierno está mirando otra cosa, es decir nada raro que el Gobierno esté buscando el camino para convertir al país socialista, porque en un país socialistas no hay comerciantes minoristas, solo existen empleados públicos”, afirmó.
En ese aspecto, el presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Juan Carlos Manuel, consideró que si se permite la vigencia de esta ley, Bolivia se convertirá en un Estado comunista y eso afectará a las futuras generaciones. “Si vamos permitimos que estas leyes se aprueben, nuestras futuras generaciones nos maldecirán porque van a estar viviendo en un Estado como Cuba o Venezuela”, dijo Manuel.
La respuesta del Gobierno
El ministro de Justicia, Iván Lima, aseguró que la norma no afectará a los sectores en protesta y que la idea es controlar las ganancias ilícitas de algunas personas.
“La ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas persigue a la criminalidad de alto nivel. Es falso que esta norma afecte a gremiales, religiosos, periodistas o a alguno de los sectores actualmente movilizados; al contrario, se busca protegerlos”, aseguró Lima.
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia pidió paralizar el tratamiento de la norma hasta hallar consensos tras modificaciones.
El Ministerio de Economía, en un comunicado, afirmó que este proyecto de ley no vulnera la Constitución y que cumple los lineamientos de convenciones internacionales. Aseguró que están en un proceso de socialización de la norma y que, por ejemplo, la Cámara Nacional de Comercio aprobó esta iniciativa.
El secretario de Justicia de la Gobernación, Efraín Suárez, respondió con la ley al ministro de Justicia, que había señalado que por el solo hecho de tener conocimiento de la citación, el gobernador ya estaría notificado