Dentro del caso del mercado Mutualista surgen dudas sobre el proceso de inscripción de la concesión del predio por el que los comerciantes aseguran que hicieron un depósito de Bs 10 millones.

El alcalde Jhonny Fernández indicó que la comuna entregó el protocolo de concesión (por 20 años) a los comerciantes beneficiarios, pero en el momento de la inscripción de los terrenos (por parte de los comerciantes), se cometieron errores porque estos hicieron un depósito, cuando no correspondía. 

Bernardo Montenegro, vocero de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía municipal, explicó que el terreno fue registrado como concesión gratuita, pero en la casilla de gravámenes usaron como referencia el valor catastral, aunque insistió en que el documento aclara que es una concesión gratuita. 

“Nosotros (la Alcaldía) entregamos el derecho de su concesión y con ese protocolo ellos se van a Derechos Reales para registrarlo, pero allí les dijeron que tienen que pagar el 5 por 1.000. La Alcaldía no ha recibido ni un peso de los gremiales. Ellos fueron y pagaron para hacer su registro, donde hubo algunos problemas”, indicó Fernández.

Al respecto, el concejal de Demócratas, Manuel Saavedra, pidió explicaciones al señalar que las concesiones no se cobran. “Las concesiones requieren de otras cosas para otorgarse, pero no del pago en efectivo. Aquí hay una inscripción con un monto millonario, que debe ser resuelto y debe ser investigado”, dijo Saavedra. 

Denuncia
En el marco de la disputa que se ventila por la propiedad de los predios del mercado Mutualista, el concejal del Movimiento al Socialismo, Rolando Pacheco, mostró fotografías que involucran a la secretaria municipal de Planificación, Andrea Daza, en supuestas reuniones con la familia Crapuzzi, con quien se ventila un proceso judicial por los terrenos. 

“Esto iba a ser un full tumbe, funcionarios públicos, algunos colegas concejales, jueces y vocales. Se querían hacer millonarios, como dijo el alcalde, caiga quien caiga. Con esa foto el alcalde ya debería sacarla del cargo inmediatamente”, denunció públicamente. Por su parte, Daza respondió a dichas acusaciones descartando haberse reunido de forma secreta con alguien de la familia Crapuzzi para tratar sobre los predios del mercado Mutualista. También acusó a quienes dieron a conocer esas fotografías de violencia política.

“Las fotografías fueron tomadas de forma dolosa y mal intencionadas, toda vez que fueron tomadas para dañarme y presionarme para que renuncie a mis funciones, por haberme opuesto a la entrega de un bien patrimonial, de un bien público”, disparó la funcionaria municipal.

Para Daza, la utilización dolosa de esas imágenes que insinúan conductas irregulares. “Demuestran la actitud delincuencial que pone en riesgo mi seguridad física y la de mi familia. El concejal Pacheco deberá responder ante las autoridades competentes, todo en el amparo y ejercicio de mis derechos constitucionales”, complementó la secretaria municipal.

De acuerdo con la versión de Daza, “la reunión mencionada se habría efectuado en un ambiente del edificio Castelo Branco, ubicado en el segundo anillo, diagonal al Comando de la Policía, lugar que estaba una oficina del doctor Juan Subirana, asesor político del alcalde Jhonny Fernández, con quien hemos tenido varias reuniones políticas desde el inicio de la campaña electoral”.

Daza agregó: “en cuanto al señor Crapuzzi, nunca tuve contacto o vínculo relacionado con bienes o patrimonio municipal y no mantengo ningún tipo de relación con él”.
También la funcionaria denunció ser víctima de “maltrato, violencia política y (actos) discriminatorios en los que han incurrido muchas autoridades y legisladores municipales, en particular el señor Rolando Pacheco, que se ha atrevido a denigrar y sentenciarme públicamente utilizando fotografías no autorizadas y fuera de todo contexto jurídico”, cuestionó.

Daza acusó a Pacheco de amenazarla con la difusión de audios, que para ella son elaborados, probablemente de manera dolosa con la intención de agraviarla.
El conflicto por el derecho propietario del Mutualista se ventila en los estrados judiciales y se aguarda un fallo del Tribunal Constitucional.

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