La alcaldía cruceña atraviesa uno de los peores momentos de los últimos años. Ayer fueron intervenidas las oficinas de la ex Secretaría de Administración Tributaria (SAT) después de conocerse en las últimas semanas numerosas denuncias de manipulación informática y desvío de ingresos municipales a destinos por ahora desconocidos.

En primera instancia, el concejal Marcelo Vidaurre presentó 9 denuncias sobre cambio de distrito de diferentes inmuebles para disminuir el monto que los contribuyentes deberían pagar por concepto de impuesto a la propiedad de bienes inmuebles. Asimismo, expresó sospechas sobre manejos parecidos en el pago de impuestos a la transferencia de inmuebles e incluso en el pago de patentes. ¿Cuál fue la respuesta del alcalde Jhonny Fernandez? Un silencio muy parecido a la complicidad.

Días más tarde los concejales Manuel Saavedra y Lola Terrazas hicieron pesquisas con resultados similares. Funcionarios del SAT manipularon el sistema para que contribuyentes deshonestos y corruptos paguen menos impuestos que los que corresponden.

Finalmente, el concejal Rolando Pacheco dio el tiro de gracia. Presentó evidencia de una liquidación de Bs 3.331.729 y se terminó pagando Bs. 64.629. Tan solo dos por ciento del total. En síntesis un robo descarado a la ciudadanía cruceña que a diario padece por las deficiencias en el sistema municipal de salud, soporta obras inconclusas y convive con una gestión limitada e ineficiente.

La denuncia de Rolando Pacheco fue admitida por el Ministerio Público y a ella se adhirieron concejales de Comunidad Autonómica y la UCS. Era lo menos que podían hacer porque el pueblo cruceño no merece que una organización criminal acumule fortunas cuantiosas con dineros malhabidos.

Estamos frente a un escándalo de corrupción de grandes proporciones, pero no por ello existen razones para creer que las investigaciones lleguen a esclarecer el hecho por completo, que los culpables se sometan a la justicia y que, ante todo, se recuperen los millones sustraídos al erario público. Es muy probable que, tal como ocurrió en anteriores ocasiones, las investigaciones naufraguen en medio de los tecnicismos jurídicos, las reservas impuestas y la pérdida de pruebas.

Antes de este hecho  se supo de venta de cargos, extorsiones a negocios legalmente establecidos, falsificación de licencias de funcionamiento, chantajes con las desaparecidas fichas ambientales, y una compleja organización de tramitadores que ofrecen todo tipo de “servicios” en predios aledaños a la Quinta Municipal, muy al margen de las autorizaciones de construcciones ilegales, la pérdida de documentos que avalan la propiedad sobre decenas de hectáreas de predios públicos o el deterioro peligroso e irreversible del Cordón Ecológico.

Existe, lamentablemente, un sistema de corrupción institucionalizada que data de muchos años y que se agravó en la gestión de Jhonny Fernández. Miles de funcionarios públicos se han enriquecido a costa del dinero de los cruceños, sin que exista control ni freno.

Fallan los sistemas de control y falla la ética de los servidores públicos; pero ante todo, falla la conciencia ciudadana que ha normalizado las prácticas corruptas. No puede ser que los ciudadanos acudan a las oficinas municipales dispuestos a pagar sobornos para evadir impuestos u otras obligaciones. Bien se puede decir que la alcaldía, aquejada por el cáncer de la corrupción que ha hecho metástasis en toda la organización, es reflejo de la sociedad cruceña. y no, no se puede seguir así. Jhonny Fernández tiene el desafío de tratar de frenar el desastre y la ciudadanía, muy pronto, tendrá que pensar bien para elegir nuevas autoridades. Más de lo mismo es condenar el futuro de la ciudad y sus habitantes.