Sucedió el último día hábil de 2023 y poco antes de la finalización de su mandato legal de seis años. El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió, en este contexto, un recurso contra las recientes decisiones asumidas por Senado y, además, suspendió las competencias legislativas del presidente de esa cámara, Andrónico Rodríguez, y de toda su directiva, hasta que resuelva el fondo de este recurso promovido por un grupo de legisladores leales al presidente Luis Arce Catacora.
De acuerdo con la resolución de admisión, se ordenó “la suspensión de la competencia del Presidente de la Cámara de Senadores y de los miembros de la señalada Directiva recurridos”. El documento establece que esta suspensión estará vigente “desde el momento de la notificación con el Auto Constitucional, con relación a cualquier actuación, de la naturaleza que sea, emergentes de las convocatorias” emitidas por Andrónico Rodríguez, informó ayer la agencia oficial de noticias ABI.
Por eso, el TCP advirtió que será “nulo de pleno derecho todo acto o disposición que se realice o emita”. Entre tanto, ordenó que Andrónico remita a Sucre toda la documentación vinculada con este caso, de manera que el TCP analice el fondo de esta demanda.
“Lo que está haciendo el Tribunal Constitucional, lo que está haciendo el Ejecutivo, es cortar la cabeza al Senado, donde tiene más problemas”, explicó ayer a EL DEBER Radio, el diputado Marcelo Pedraza de la alianza Comunidad Ciudadana (CC). El legislador advirtió que esta determinación tendrá efecto hasta que el TCP emita el fallo final sobre las resoluciones que asumió el Senado durante el “receso” instruido por el vicepresidente David Choquehuanca por encima de la decisión del pleno de la Asamblea de no aplicar el repliegue con la decisión de designar a una comisión legislativa que esté a cargo del funcionamiento de este Órgano.
Pedraza dijo que esto no sería posible en un sistema donde se respeta la independencia de los poderes y llamó a la unidad de la oposición “para recuperar la institucionalidad de la democracia”.
El Legislador consideró que esta decisión muestra el peor momento de la desinstitucionalización del Estado a merced del proyecto político que se aplica en el país desde hace casi 18 años.
El TCP admitió el recurso contra el Senado poco después de declarar que la reelección presidencial “continua o discontinúa” no era un derecho humano que deba ser protegido. En todo caso, el fallo no anula la Sentencia Constitucional 084/2017 por la que este mismo tribunal declaró que la “reelección presidencial” debía ser considerado como un derecho de “elegir y ser elegido” establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos. En 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró que la reelección no era un derecho reconocido.
Por 81 votos contra 39, la Asamblea Legislativa rechazó el 21 de diciembre el receso parlamentario y no designó la comisión de legisladores que estaría a cargo de ese Órgano del Estado hasta el 8 de enero. Dos días después, a través de un comunicado, el vicepresidente del Estado y presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, declaró que el receso estaba vigente “pero sin esa comisión de legislares”.
Para materializar la decisión del Legislativo, el propio Andrónico convocó a una sesión en la que se sancionó una ley para la aplicación de manillas electrónicas a los detenidos preventivos. Esa norma se aprobó el 27 de diciembre, pero fue desconocida por el propio gobierno porque la consideró inconstitucional. De hecho, el diputado Juan José Jáuregui, uno de los más próximos a Arce, comparó la sesión con una reunión de colegas por el fin de año.
Poco después, los senadores Ana María Castillo, Rubén Gutiérrez, Virginia Velasco y Eva Luz Humerez, todos ellos leales a Arce, presentaron un “recurso directo de nulidad” en contra de la convocatoria a sesión del Senado. El TCP no solo aceptó considerar esa denuncia, sino que determinó la suspensión de Andrónico y de toda su directiva hasta que se resuelva el asunto. Esto a pesar que fue el mismo Tribunal que dictaminó alargar su mandato “hasta que se realicen las elecciones judiciales”, un proceso que requiere de la participación del Senado.
En esa cámara se frenó el Presupupuesto y varios créditos. Arce dijo el 14 de diciembre que Evo era “su principal opositor”.