A días de que termine esta gestión y con ella, el mandato constitucional de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), esta instancia aún no aplica la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) que resolvió que la reelección indefinida no es un derecho humano y que más bien es contraria a la democracia.​

Se presentaron al menos cuatro pedidos al TCP desde hace más de dos años para que esta instancia, en cumplimiento de lo que manda la Corte-IDH, resuelva la Sentencia Constitucional 084/2017 que indica que la reelección indefinida es un “derecho humano”. Fallo del que se valió el expresidente Evo Morales para postularse en 2019 por cuarta vez a la presidencia de Bolivia.

“Esa opinión consultiva tiene que aplicarse en Bolivia porque somos parte de la OEA, y los fallos de la opinión consultiva de la Corte -IDH son de cumplimiento obligatorio en nuestro país, y el Tribunal Constitucional hasta la fecha pese a que hay cuatro peticiones al respecto no se ha pronunciado”, dijo el abogado constitucionalista, Williams Bascopé Laruta, uno de los peticionantes.

“La reelección presidencial indefinida no constituye un derecho autónomo protegido por la Convención Americana ni por el Corpus Iuris del derecho Internacional de los derechos humanos”, dice la resolución de la Corte-IDH. Esa consulta se activó por Colombia en 2019 y solicitó a la Corte que defina si la reelección indefinida está protegida por la Convención Americana de Derechos Humanos.

Ahora, lo que debe hacer el TCP, cumpliendo el mandato de la Corte-IDH es declarar la inaplicabilidad de la Sentencia 084/2017 “porque aún está vigente y va a seguir atropellando de forma arbitraria los derechos de los ciudadanos”, dijo Bascopé Laruta a EL DEBER.

El diputado de la bancada de Comunidad Ciudadana, Marcelo Pedrazas, también presentó en 2021 una Acción Popular ante el TCP para que deje sin efecto la Sentencia 084/2017 y se fundamenta en la opinión consultiva de la Corte-IDH.

“Desde enero de este año (2023) esa acción está en revisión en el Tribunal Constitucional y hasta la fecha no ha resuelto este tema. El Tribunal Constitucional tiene la obligación de pronunciarse antes del 31 de diciembre respecto a la reelección en nuestro país. Si no se resuelve esta acción, pueden volver a ocurrir los hechos de 2019”, dijo a EL DEBER, el diputado Pedrazas.

En caso de que los magistrados no se pronuncien hasta el 31 de diciembre y lo hagan después de enero, la decisión no será considerada como válida y sí como una “usurpación de funciones” porque su mandato vence el 31 de diciembre. “Solo va a beneficiar a Evo Morales porque puede acusar de nulo el fallo”.

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