No soy seguidor de Keynes pero creo que su frase más conocida “En el largo plazo todos estaremos muertos”, se aplica a la realidad actual de Bolivia y la necesidad de adoptar las medidas necesarias que eviten que la crisis económica actual se profundice y vuelva cada vez más doloroso para la población el momento en el que haya que afrontar los problemas de fondo que nos están llevando a una crisis que pronto pasará de ser un problema de inestabilidad cambiaria a una situación de escasez que generará un incremento de precios que ya se está produciendo por el progresivo quiebre de stocks y de la cadena de suministro de productos imprescindibles para mantener la operación de distintas cadenas productivas, además de satisfacer la demanda de bienes de consumo masivo.

Esto no significa que las políticas de largo plazo y los grandes acuerdos nacionales no sean necesarios para el desarrollo del país puesto que constituyen el fundamento del crecimiento y la prosperidad de una nación. Sin embargo, nos sucede como aquel enfermo a quien le aparecen los síntomas de una enfermedad grave y frente al diagnóstico no adopta el tratamiento necesario y procura continuar con su vida anterior. Seguramente de nada servirán los planes que pudiera hacer para las próximas décadas porque lo más probable es que ya no esté vivo para realizarlos.

Los países no mueren, pero lo que sucede es que sus poblaciones sufren más o menos según se tomen o no las medidas de forma oportuna. Bolivia viene procrastinando (aplazar, diferir, posponer, retrasar, postergar, demorar, retardar, dilatar, aparcar) desde el 2014 cuando se acabó el llamado superciclo de las materias primas y tanto los precios de exportación como el volumen de nuestra producción declinaron en una combinación perversa de doble efecto que dejaba en evidencia que una vez más habíamos dejado pasar el tren de desarrollo al dilapidar los ingresos extraordinarios que generaron los altos precios de los commodities y el incremento en la producción por las inversiones realizadas desde los años noventa.  

La procrastinación tiene una cierta lógica basada en la permanente esperanza de quienes gobiernan de que surgirá un nuevo golpe de suerte que permita superar el momento y recuperar los aires de bonanza que el país sintió entre el 2006 y el 2014. Durante muchos años era la apuesta a algún descubrimiento de un nuevo reservorio de gas que disparara los ingresos fiscales, después vino la esperanza de que por tener las mayores reservas del mundo del litio fácilmente conseguiremos de nuevo disfrutar de ingresos extraordinarios. Hoy, está claro que ese golpe de suerte no existirá y que pasarán muchos años y serán necesaria importantes reformas para que vengan nuevas inversiones a explorar y explotar estos sectores tradicionales.

Tampoco ayuda la situación política y el cronograma electoral. En el instinto político del oficialismo se procurará llegar a las elecciones, ya sea con la expectativa de buscar la reelección, o por lo menos salir sin que lo más grave de la crisis le haya estallado a la gestión que finaliza. Por su parte la oposición, tanto en la interna oficialista, como la de quienes propugnan ideas distintas, el instinto les dice que sería mejor la crisis se profundice para que el gobierno se desgaste y no tenga posibilidades de reelección y/o que lo peor de la crisis lo enfrente  el gobierno actual para la siguiente gestión tenga la oportunidad de que la población apoye un cambio político y un modelo distinto, como sucedió en 1985 cuando se aprobó el Decreto Supremo 21060 y se introdujo la Nueva Política Económica después de la crisis de la UDP.

Ninguna de las dos posiciones políticas llevará a consensos ni a soluciones para evitar el agravamiento de la crisis. Bolivia requiere un sentido de urgencia en la toma de decisiones para evitar que el país quede atrapado en una espiral negativa que sobrepase a las autoridades en su capacidad de tomar decisiones oportunas que detengan la caída y sienten las bases de la recuperación. En este contexto, el gobierno y el partido oficialista en su conjunto son quienes tienen la mayor y principal responsabilidad. Al final del día, gobernar no solo significa disfrutar de la parafernalia del poder sino asumir los costos que implica la responsabilidad de la autoridad pública.