Finalmente, ya se conocen las preguntas que la administración de Luis Arce pretende instalar en el referéndum sobre la pertinencia de la subvención de la gasolina y el diésel. Dos son las preguntas que el jefe de Estado, para su validación, ya envió al Tribunal Supremo Electoral (TSE).
La primera dice: ¿Está usted de acuerdo con mantener la subvención a la gasolina especial, como actualmente se encuentra, pese al gran costo económico que significa para las bolivianas y bolivianos, y que al tener un precio mucho más bajo que el internacional se genera contrabando, daño económico al Estado, escasez de dólares y desabastecimiento de combustibles?
La segunda interrogante indica: ¿Está usted de acuerdo con mantener la subvención al diésel, como actualmente se encuentra, pese al gran costo económico que significa para las bolivianas y bolivianos, y que al tener un precio mucho más bajo que el internacional se genera contrabando, daño económico al Estado, escasez de dólares y desabastecimiento de combustibles?
Al respecto, el economista, Germán Molina, precisó que finalmente el Gobierno reconoció que el modelo de la subvención de los hidrocarburos es insostenible y “perverso para la economía, pues distorsiona el mercado y deja abierta la posibilidad para actividades ilegales”.
“Hace años que desde distintos sectores económicos y académicos alertamos que la subvención de los combustibles ya no era una opción para el país. Ahora con las preguntas que plantea el presidente se pone en evidencia que ese modelo de comprar caro, para luego vender más barato no es el que necesita el país. Es de esperar que al fin se dé un giro y se deje sin efecto a la subvención de los combustibles”, sostuvo Molina.
Observó que si bien la subvención es cada vez es más cara, “tampoco es la responsable exclusiva de la escasez de dólares, una situación relativamente nueva, en comparación con el subsidio de los hidrocarburos que lleva más de 20 años”, puntualizó Molina.
Luis Fernando Romero, presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija, indicó que cuando ambas preguntas argumentan que la subvención de carburantes tiene un gran costo económico, “es parcialmente cierto, ya que la misma representa solo el 4% del PIB nominal del 2023 y el 5% del Presupuesto General del Estado 2024”.
“Decir que por la subvención de carburantes hay escasez de dólares y desabastecimiento de carburantes, es sí y no. Sí, porque mientras la misma no se modifique y esté vigente, significará una mayor importación de carburantes (por sobredemanda), y por ende un mayor gasto en dólares (fuga). Con nuestra actual situación financiera y estado crítico de las RIN, es muy difícil que YPFB pague oportunamente a nuestros proveedores, ahí el desabastecimiento. Pero no, sería porque el origen de la escasez de dólares y carburantes en el mercado interno se dio y se dará por causas principalmente fiscales, un gasto público elevado, que dio como resultado 11 años consecutivos de déficit fiscal. Es decir, no hay los suficientes ingresos (en dólares) para cubrir una importación y subvención creciente de carburantes, destinados en parte al contrabando, narcotráfico y otros”, analizó el economista.
Raúl Velásquez, analista en hidrocarburos y energía de la Fundación Jubileo, señaló que llama la atención que la pregunta sobre la subvención de los combustibles esté dividida en dos, cuando el tema es general y no particular, “pues el tema necesita un análisis de conjunto”.
“Se pregunta si se está de acuerdo con mantener la subvención, en vez de ir al grano y decir ¿está de acuerdo con dejar sin efecto la subvención de lo hidrocarburos? Son dos preguntas confusas”, observó Velásquez
Similar lectura tuvo Romero a la que califico de preguntas “tramposas”, “porque las mismas no definirán la continuación o no de la subvención de los carburantes en el país”
“Nos están consultando si deseamos que la subvención a los carburantes continúe. No están preguntando si se debe quitar o no, si habría que reajustarla, eliminarla total o parcialmente, ni nada de fondo sobre este tema tan importante para nuestra economía”, indicó Romero.
Para Álvaro Ríos, exministro de Hidrocarburos, otro talón de Aquiles de la consulta popular, es justamente que se deje manos de la población un tema técnico, financiero y fiscal cuando es el Gobierno y sus técnicos los que “deben tener una respuesta y hacerse cargo y no lavarse las manos”, algo en lo que coincidió Velásquez.