Enfermarse este año ha sido uno de los episodios más dolorosos para el ciudadano boliviano promedio. Los pacientes han tenido que soportar huelgas del personal médico, escasez de medicamentos, hacinamiento en los centros de salud y otros factores atribuibles, en parte, a la crisis económica generalizada que atraviesa el país. Sin embargo, el problema es claramente estructural: Bolivia es el país que menos invierte en salud en la región, según un informe de la Fundación Jubileo.

De acuerdo con este informe, el gasto total en salud asciende al 8% del Producto Interno Bruto (PIB) (datos de 2022), situándose por debajo de varios países vecinos. Brasil lidera con un 9,9% de su PIB destinado a salud, seguido por Argentina (9,7%), Uruguay (9,4%), Chile (9,3%), Colombia (9,0%) y Ecuador (8,3%). A nivel global, estos porcentajes también son inferiores, ya que los países con sistemas de cobertura universal suelen destinar un promedio del 10% de su PIB a este sector.

Si afinamos el análisis, observamos que los servicios de salud en Bolivia presentan estándares de calidad por debajo de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este organismo sugiere un mínimo de 2,5 camas de internación por cada 1.000 habitantes, mientras que Bolivia apenas alcanza 1,39. Además, debería haber al menos 15 médicos por cada 10.000 habitantes, pero el país solo cuenta con 13,5. La situación es aún más crítica en el área de enfermería: se recomiendan 15 licenciadas en enfermería por cada 10.000 habitantes, pero Bolivia apenas llega a 8,6.

Estas cifras explican, en parte, las penurias que enfrentan los pacientes y sus familias. El sistema hace aguas por donde se lo mire. Es inconcebible que la gente deba dormir en las afueras de los centros médicos para obtener una ficha de atención. Es inadmisible que, durante dos meses de este año, muchos pacientes no hayan recibido atención debido a huelgas o falta de espacio. Y es indignante que el tan promocionado Sistema Único de Salud (SUS) no cubra tratamientos ni exámenes esenciales para pacientes de escasos recursos.

Dentro de esta crisis estructural, uno de los principales problemas es la fragmentación del sistema de salud, manejado por los tres niveles de gobierno. Esta división de responsabilidades —el Gobierno central a cargo del personal médico, las gobernaciones de los hospitales de tercer nivel y las alcaldías de los hospitales de primer y segundo nivel— genera inequidad e ineficiencia en la asignación de recursos. La falta de coordinación se traduce en salarios impagos, médicos y enfermeras sin contratos laborales, farmacias públicas desabastecidas, equipamiento obsoleto e infraestructura en franco deterioro.

En este contexto caótico, los más afectados son los pacientes, cuya salud se deteriora de manera irreversible por la falta de atención oportuna. Al cerrar este año para el olvido, no se vislumbran mejoras para el próximo, especialmente considerando que será un año electoral. Lo único que podemos esperar es que los candidatos a la presidencia pongan el tema de la salud en el centro de sus agendas.

No necesitamos promesas vacías ni planes grandilocuentes. El SUS, presentado con bombos y platillos, demostró que sin recursos suficientes es solo una ilusión. Tampoco necesitamos discursos de políticos que, cuando se enferman, prefieren viajar al extranjero en busca de mejor atención.

Lo que realmente necesitamos es un plan de gobierno que priorice la salud con un compromiso serio de mayor asignación de recursos y una reingeniería completa del sistema. Solo así podrá comenzarse a revertir una situación que afecta algo tan fundamental como nuestro bienestar y calidad de vida.