Tras hacerse públicos los abusos a niños por parte del fallecido sacerdote jesuita Alfonso ‘Pica’ Pedrajas, la Compañía de Jesús en Bolivia pidió perdón y ratificó su compromiso de colaborar con las autoridades que indagan los hechos. Además, anunció que tienen dos investigaciones en curso y que suspendió a cuatro antiguos provinciales. Mientras las víctimas revelaron que eran expulsados cuando denunciaban los abusos.
“Los abusos han provocado una herida profunda en las víctimas y las denuncias no pueden ser ignoradas, aunque el sacerdote involucrado en los hechos haya fallecido. Reiteramos nuestra decisión de investigar los casos con una comisión de peritos que está actuando desde 2022, lo que puede crear una esperanza de justicia para las víctimas, cuya situación nos ha avergonzado y causado indignación y tristeza. Pedimos perdón por el dolor causado”, dice parte del pronunciamiento que fue leído por el padre Bernardo Mercado, superior provincial de la Compañía de Jesús.
También se pronunciaron los exalumnos del Colegio Juan XXIII, de Cochabamba, en el que ratifican que hubo “encubrimiento por parte de la Compañía de Jesús” de los hechos del sacerdote Pedrajas y que los estudiantes, que en su momento denunciaron dichos delitos, fueron echados del mencionado centro educativo.
En tanto que Mercado hizo conocer que, a raíz de las denuncias, inmediatamente suspendieron a cuatro provinciales de la época, que ahora son adultos mayores.
Los exalumnos consideraron esa sanción como “insuficiente” y pidieron un proceso penal en su contra.
Estos religiosos fueron suspendidos de sus actividades pastorales y de otras responsabilidades institucionales mientras se realizan investigaciones sobre sus actuaciones en el caso.
Asimismo, suspendieron de sus actividades a otros jesuitas que ejercieron como provinciales en los años posteriores al fallecimiento del padre Pedrajas para investigar si hubo denuncias públicas no atendidas en su momento.
También hicieron conocer que en estos momentos hay dos investigaciones en manos de la comisión de expertos, integrada por diferentes profesionales, entre ellos sicólogos y forenses, que son externos a la Compañía de Jesús, pero que hacen el estudio para determinar si hubo daño o no.
El año pasado la Compañía recibió una denuncia, por lo que instruyó inmediatamente al Delegado de Ambientes Sanos y Seguros a abrir un proceso de investigación, el mismo que comenzó en agosto de 2022.
“Tras seguir las etapas correspondientes, a cargo de una comisión de peritos, el proceso investigativo concluyó el 4 de abril de 2023, señalando la verosimilitud del hecho denunciado”, se informó.
El 5 de abril del presente año se inició otra investigación que está en curso.
Por su parte, la abogada de los jesuitas, Audalia Zurita, aseguró que todavía no conocen la cantidad exacta de las víctimas.
“La cantidad de víctimas no tenemos nosotros, más que la información que ha publicado El País; (pero) sí necesitamos aclarar que la denuncia o el caso ha llegado a través de la página de la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús nunca ha recibido el diario del padre Pedrajas, nunca ha recibido una denuncia de forma directa que ponga en conocimiento de la Compañía el reclamo de alguna de las víctimas, (pero) se ha pedido ya a El País que remitan una copia de este diario para que la Compañía de Jesús pueda trabajar”, señaló la jurista.
El Estado
El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, informó ayer martes que, mediante la Cancillería de Bolivia, se solicitará información a la Fiscalía de España acerca del sacerdote Pedrajas y adelantó que se iniciará un proceso penal en contra de los presuntos encubridores de los hechos.
Por su parte, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, pidió a la Iglesia Católica un “pronunciamiento contundente”.
Otras investigaciones
Julián Maradeo, en su libro La Trama Detrás de los abusos y delitos sexuales en la Iglesia católica habla de tres hechos suscitados en Bolivia.
En su publicación menciona que pidió a un miembro del Ministerio de Justicia que le haga un resumen de las denuncias de violación a niños y niñas cometidas por algún funcionario de la iglesia.
Según su reporte, había dos sacerdotes condenados por la justicia civil y uno prófugo. El primero era el uruguayo Juan José Santana Trinidad, denunciado el 1 de noviembre de 2007 por violar alrededor de 30 menores de edad en un internado rural de Tapacarí, en Cochabamba.
El segundo caso se conoció en 2009 en San Benito e Itapaya, localidades de Valle Alto. El acusado fue José Mamani Ochoa, sindicado de abusar de chicos de 5 y 15 años. Este fue capturado el 6 de julio de 2009 y el 23 de diciembre de 2010 fue condenado a 22 años de cárcel en San Sebastián.
El tercer caso ocurrió también en 2007 en Zudáñez, Chuquisaca. El exsacerdote Eduardo Revich fue acusado de abuso de 18 niños mientras era párroco de Icla y dirigía un centro de atención a niños y adolescentes de escasos recursos. Fue sentenciado a 15 años de prisión, pero apeló a su condena y obtuvo una detención domiciliaria por razones de salud. Luego, se abrió un nuevo proceso por nuevas denuncias.