El presidente Luis Arce mencionó la palabra crisis por primera vez en un discurso que dio en Santiago de Machaca. Él asegura que, de todas maneras, Bolivia está avanzando. Sin embargo, ya hay un reconocimiento de la realidad que soporta el país y es un primer paso de muchos otros que debe dar, para revertir la actual situación y mejorar la condición en la que están viviendo millones de bolivianos..

Las señales no son alentadoras. La cotización del dólar paralelo superó los 10 bolivianos y no tiene trazas de bajar de ese nivel. Los agricultores de granos alertan de pérdidas y baja producción, lo que repercute en el encarecimiento de precios de los alimentos. Todo esto lleva a una incertidumbre ciudadana que no le hace bien al país.

El 16 de julio, el presidente anunció el hallazgo de un importante reservorio de gas en el norte de La Paz, lo cual es, sin duda, una buena noticia, salvo por el complemento que habla de que los resu ltados en ingresos para el país se verán en cuatro años, siendo optimistas. Pero además se dijo que se necesita verificar el volumen de hidrocarburos y que se precisará una inversión de 1.500 millones de dólares para comenzar la explotación. Todo ese contexto sitúa la buena nueva como una promesa a largo plazo, nada que permita avizorar que esa es la solución inmediata a la crisis económica que se siente en este momento.

Los empresarios privados han hecho fuertes llamados a la acción, para que, de una vez por todas, se tome medidas que permitan mejorar la actual situación. Piden importar combustibles de manera independiente del Gobierno, aunque esto les cueste más, ya que les permitirá contar con diésel para la producción. Demandan la aprobación del uso de biotecnología para mitigar el impacto del clima en los cultivos. Asimismo, recomiendan acortar el gasto público en empresas estatales ineficientes y favorecer las exportaciones, como único mecanismo para que haya dólares disponibles en el mercado nacional.

Si hay tanto gas en el norte de La Paz, también se precisa atraer las inversiones extranjeras, que son las únicas que pueden costear los 1.500 millones de dólares que cuesta la explotación. Y eso implica modificar las normas internas, de manera que quienes pongan recursos, vean un atractivo retorno. También hay que aprobar una Ley de Inversiones que otorgue seguridad jurídica en Bolivia.

Esas son solo algunas de las medidas urgentes que se necesita en Bolivia y el tiempo apremia.

La política no debería ser más la brújula de las medidas económicas, políticas y sociales. La economía se está deteriorando y, pretender que la condición actual puede congelarse hasta el 2025 es una ilusión. Si se mantiene el modelo económico actual, la realidad de los bolivianos puede deteriorarse aún más y determinar que la salida de este túnel se prolongue en el tiempo.

Las señales que dé el Gobierno, si son pensados en el conjunto y no en un afán electoralista, serán importantes también para que la Asamblea Legislativa apruebe los créditos y las leyes necesarias con miras a superar la realidad actual.

Las peleas entre las facciones del Movimiento Al Socialismo y el asalto militar al Palacio de Gobierno ya no alcanzan para distraer la atención de la ciudadanía, porque mientras abundan los discursos que alimentan esa retórica, en los hogares hay cada vez menos dinero para llegar a fin de mes.

Es de esperar una profunda reflexión en la Casa Grande del Pueblo. Si Bolivia votó por Luis Arce fue por la promesa de que iba a mejorar la situación económica después de la pandemia. Ahora es cuanto toca cumplir. El costo puede ser alto a corto plazo, pero el alivio en los bolsillos generará también la recompensa política que el arcismo espera.