A un mes de finalizar el año, la ejecución de la inversión pública no logrará cifras importantes. Así advierten economistas y legisladores consultados por EL DEBER, que ven que la falta de recursos, los conflictos políticos, la burocracia estatal y la corrupción son factores que explican esta situación.

Si bien no ha hecho público un dato oficial sobre la ejecución de la obra pública a octubre o noviembre, se sabe que, hasta agosto, según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas, del total de la partida asignada para este ítem solo se concretó un 27,99 % de lo presupuestado.

En varias oportunidades, diferentes autoridades del Gobierno indicaron que, pese a un contexto internacional adverso, el país sigue una senda de crecimiento siendo un factor determinante la inversión pública.

Un 72% de la actividad constructiva depende de la inversión que realiza el Estado, en especial en proyectos camineros y de infraestructura/Foto: Ricardo Montero

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Programación 2023

Dentro del Presupuesto General del Estado (PGE) para el 2023, la administración del presidente Luis Arce programó una inversión pública por $us 4.006 millones. De esta cantidad, según este documento, $us 1.671 millones fueron asignados para al sector productivo; mientras que $us 1.024 millones para el sector social.

Y otros $us 959 millones se programaron para infraestructura. Además, el Gobierno anotó $us 352 millones para el sector multisectorial. Según el Poder Ejecutivo, estos recursos son para financiar “proyectos estratégicos que se ejecutarán en los nueve departamentos del país en beneficio de sectores productivos y población en general”.

Desde la Cámara de Departamental de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz), con base a los últimos datos publicados por el Ministerio de Economía y Finanzas, explicaron que hasta agosto de este año del total programado solo se ha ejecutado un 27,99%.

Es decir, $us 1.121 millones de lo asignado en el PGE de esta gestión.

“Cabe mencionar que, la ejecución en 2022 fue del 52,52%, la más baja después de 2020, cuando se destinó un presupuesto de $us 5.215 millones y se ejecutó el 34,21%. Mientras que en 2019 se ejecutó el 70,8% de los $us 5.323 millones destinados”, señala la entidad privada.

Además, Cadecocruz sostiene que, del total asignado, un 24% fue destinado a obras de infraestructura, recursos que llegan de forma directa a las constructoras.

A escala nacional, según la institución, “alrededor del 72% de la actividad de la construcción depende de la obra pública, y los indicadores de la reducción de los presupuestos de inversión pública, al igual que la baja ejecución, se reflejan en los números del sector de las gestiones recientes”.

​Solo un 24% de los recursos de inversión pública llega para obras de infraestructura que genera empleo/Foto: Ricardo Montero

Factores para baja ejecución

El economista German Molina atribuye la baja ejecución a la escasez de dólares, la iliquidez en moneda nacional y la fricción política que se vive en el país.

El especialista hizo notar que los desembolso para la inversión deben realizarse en dólares; por esa razón anticipó que al terminar la gestión la ejecución no llegará ni al 60% de lo programado.

“Desde febrero de este año no hay información estadística semanal (en el Banco Central de Bolivia). El acceso a los dólares es complicado y también hay poca liquidez en bolivianos”, explicó.

Esta situación hace que el Tesoro General de la Nación (TGN) tenga pocos recursos para desembolsar, en función del presupuesto que tenía cada entidad que está a cargo de inversión pública.

“Van dando cuotas de desembolso mensual. Piden 100, no le atenderán los 100, le dan menos, y no a la fecha prevista”, detalló.

A esos factores se añaden las pugnas políticas y hechos de corrupción que influyen en la ejecución de la obra pública.

“Todo eso afecta al desembolso. Para que la economía pueda estabilizarse, principalmente con la inversión pública, se requiere de estabilidad política, económica y social”, dijo el especialista.

José Luis Porcel, diputado de Comunidad Ciudadana, cuestionó que, desde hace varios meses el Gobierno viene asegurando que la economía cuenta con buena salud cuando la realidad es completamente diferente, de acuerdo a su apreciación. Al igual que Molina, afirma que la baja ejecución presupuestaria se debe a la falta de divisas en las arcas del Estado.

“Estamos viendo que no hay dólares. No pudieron colocar los bonos del Tesoro General de la Nación (TGN) y eso se está mostrando ahora, no hay circulante en las calles, la gente se queja, reclama eso con justa razón y eso es una muestra clarísima de que no hay plata”, aseguró.

En esa línea, sostuvo que este 2023 el país cumplirá 11 años consecutivos de déficit fiscal.

El legislador detalla que este desbalance presupuestario se debe a la reducción de ingresos por las exportaciones de hidrocarburos.

“No tenemos gas, el país está produciendo menos de 37 millones de metros cúbicos de gas día (MMm3d), cuando producimos hace 7 años más de 60 MMm3d. Con 37 MMm3d no podemos garantizar la venta a la Argentina ya Brasil”, dijo.

EL DEBER envió un cuestionario al Ministerio de Planificación para tener del descargo estatal pero hasta el cierre de esta edición la entidad no atendió el requerimiento del equipo de prensa.

Sin embargo, en reiteradas ocasiones el ministro de economía, Marcelo Montenegro, dijo que modelo económico boliviano tiene pilares como la fuerte inversión pública, la redistribución de la riqueza y la industrialización con sustitución de importaciones.

Además, acusó a “algunos malos diputados” por paralizar la aprobación de créditos destinados a la inversión pública y al fomento de sectores productivos.

La división del actual partido de Gobierno ha generado que los asambleístas afines al expresidente Evo Morales bloqueen las iniciativas del Ejecutivo. Recientemente se negaron a aprobar el presupuesto reformulado 2023.

Recursos para salarios superan los Bs 47.253 millones

Según el Presupuesto General del Estado (PGE), en 2023 se programaron Bs 47.253 millones para el pago de sueldos y salarios, de los cuales más del 58% son para el pago de salarios del Magisterio fiscal, Salud, Policía y Fuerzas Armadas.

Otro 17,6% de estos recursos es para pagar los sueldos de Gobiernos subnacionales y universidades públicas. Además, otro 7,5% va para cancelar los honorarios de funcionarios de las entidades de seguridad social y otro 6,7% para los empleados de las empresas públicas y un 2,5% del Ejecutivo.

Además, el gasto en este rubro es explicado por el incremento del salario, así como la creación de 2.840 nuevos ítems para trabajadores y profesionales en salud por crecimiento vegetativo y para nuevos hospitales; creación de 3.300 nuevos ítems para las unidades educativas a nivel nacional.

En el periodo 2005 – 2022 se crearon 50.059 ítems para educación, 27.673 para salud y 16.643 para la Policía Boliviana.

Además, el presupuesto de gasto corriente contempla la política de subvención a los hidrocarburos y alimentos que beneficia a las bolivianas y los bolivianos, y tiene el objetivo de continuar con la estabilidad de precios en un contexto de presiones inflacionarias de origen externo, donde Bolivia se posiciona como una de las economías con la inflación más baja a nivel mundial.

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