La definición de las tarifas del transporte público en Santa Cruz de la Sierra ha sido un proceso largo y estancado, marcado por la falta de consenso y coordinación entre las autoridades municipales y el gremio de transporte. Ni las gestiones anteriores ni la actual han logrado establecer un modelo de cálculo transparente y sostenible para definir lo que debería costar un pasaje de micro en cada una de las más de cien líneas que cruzan la ciudad a diario en un caos creciente.

Ahora, en plena crisis de inflación y desabastecimiento de combustibles, algunos transportistas han decidido unilateralmente aumentar el pasaje de 2 a 3 bolivianos, un incremento abrupto del 50%. La Alcaldía ha intensificado los controles para impedir esta alza no autorizada, notificando a los conductores infractores y prometiendo sanciones.

Para los pasajeros, este incremento llega en el peor momento posible. La escasez de combustibles afecta a toda la economía, impactando actividades productivas y comerciales, y elevando los precios de productos esenciales. La población, ya afectada por el alza de precios, depende de un transporte económico para sus desplazamientos diarios.

Como referencia, los servicios de taxi ya han ajustado sus tarifas, pero estos operan bajo una lógica de oferta y demanda, sin regulación directa, y suelen ser un recurso para aquellos con mayor capacidad adquisitiva. Los micros, sin embargo, no pueden modificar sus tarifas sin la autorización municipal. Actualmente, el Concejo Municipal evalúa posibles ajustes tras recibir recomendaciones de mesas de trabajo que han analizado la situación durante más de dos meses.

La falta de una política tarifaria bien definida evidencia fallas estructurales en el sistema de transporte público de Santa Cruz. La municipalidad ha delegado competencias fundamentales al gremio de transporte, permitiéndoles definir rutas, frecuencias y condiciones técnicas de los buses sin una regulación adecuada.

Este modelo ha convertido al transporte público en un “mal necesario”. El servicio es deficiente, con buses obsoletos y choferes trabajando en condiciones deplorables, mientras los usuarios enfrentan un sistema que colapsa en las horas pico. Bajo estas circunstancias, es comprensible que el gremio de transporte no cuente con respaldo popular para incrementar las tarifas. Sin embargo, ello no justifica que el municipio eluda su responsabilidad y asuma una postura demagógica al frenar cualquier aumento sin ofrecer soluciones de fondo.

Transformar el transporte público de Santa Cruz requiere casi empezar de cero. Se podría convocar, por ejemplo, a una licitación basada en un estudio profundo de las necesidades de transporte de la ciudad. Esto permitiría definir rutas optimizadas, contar con buses confortables, choferes bien remunerados, calles más ordenadas y pasajeros satisfechos. Sin embargo, ante la falta de alternativas inmediatas, el municipio se ve obligado a ejercer control sobre lo único que en la práctica le compete directamente: la tarifa.

Incluso en estos tiempos de crisis, el Concejo y el Ejecutivo Municipal deben concluir el análisis de la estructura de costos del transporte. Ajustar el pasaje a 3 bolivianos implica un aumento muy superior a la inflación actual, lo cual añadiría presión sobre la economía en general. Es necesario buscar una solución intermedia que atienda las necesidades de todas las partes sin caer en medidas populistas o decisiones precipitadas. Es imperativo priorizar una solución objetiva y sostenible que contemple tanto el bienestar económico inmediato de los usuarios como la viabilidad futura de un servicio esencial.