PAÍS
Ruth Alipaz: "Nosotros defendemos un espacio de vida"
Las comunidades indígenas enfrentan una doble amenaza: incendios forestales devastadores y la sospecha de la conexión con la minería ilegal.
“Lo que hicieron las Fuerzas Armadas (FFAA) fue un saludo a la bandera, ya que se hicieron los interesantes por dos meses, y cuando anunciaron su ingreso al área protegida, dispusieron de 18 efectivos y pidieron desde uniformes, carpas, comida, etc.”, dijo Rodrigo Herrera, abogado que interpuso un recurso jurídico, luego de que un juez agroambiental ordenara apoyo militar para proteger el Parque Nacional Madidi de la minería ilegal.
Herrera apuntó a los militares de tener vínculos con los mineros, “ya que usaban cualquier pretexto para no ingresar, por ejemplo, argumentar que tenían que saber si las comunidades estaban de acuerdo con su ingreso. Fue bastante complicado”, admitió.
Esa primera orden judicial se dio en mayo de este año, y luego, en septiembre, vino otra victoria ‘en papeles’, cuando un juez concedió la tutela de los ríos Beni y Madre de Dios, y sus afluentes, y Alto Beni, Kaka, Tuichi, Quiquibey y Tequeje, a la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cpilap), que presentó una acción popular. La orden era paralizar las actividades mineras.
La actividad minera sigue igual que siempre, lo que desencadenó en una ola de críticas de legisladores y colectivos ambientales.
A través de una carta del 4 de octubre, dirigida al juez agroambiental de La Paz, Edwin Díaz, y firmada por Hugo Eduardo Arandia, comandante en jefe de las FFAA, se aclara que dependen del presidente del Estado, en lo administrativo reciben órdenes por medio del ministro de Defensa, y en lo técnico del comandante.
De parte del Ejecutivo nacional no hubo directriz alguna, y más bien los mineros marcharon en la sede de Gobierno la primera semana de noviembre, en plena época de incendios forestales, demandando, entre otras cosas, que se abran las áreas protegidas a la explotación del oro, y que les den más concesiones.
Una semana después, el presidente Luis Arce se reunió con los representantes de ese sector, y los auríferos dijeron que estaban “satisfechos” de la reunión con Arce y aseguraron avances en casi todas sus demandas.
Empresas militares
Debido a esta falta de respuesta, salieron a la luz denuncias por conflicto de intereses en las Fuerzas Armadas, y el ojo público se puso especialmente sobre la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (Cofadena), creada como empresa pública descentralizada en el gobierno de Banzer.
Entre varios negocios, Cofadena tiene una Unidad Productiva Minera (UPM) que administra 206 cuadrículas sobre los ríos Mapiri y Kaka, en la zona Alto Mapiri.
El cuestionamiento sobre todo surgió porque los informes indican que Cofadena arrienda esas cuadrículas, incluso a privados, y en desmedro del medioambiente, debido al uso del mercurio en la minería del oro en ríos.
La senadora de Comunidad Ciudadana (CC), Cecilia Requena, ya hizo varias Peticiones de Informe Escrito (PIE) sobre el tema.
Requena admitió que el artículo 201 de la Ley Minera 535 contempla la existencia de contratos entre Cofadena y varios actores, pero cuestionó que ese mismo artículo deja claro que Cofadena debe crear una filial, una empresa específica de minería para regularizar sus autorizaciones transitorias de explotación (ATE).
Según la senadora de CC, más allá de las normas, lo que está ocurriendo en Mapiri es “devastación e incumplimiento del interés general”.
Puso de ejemplo al Pentágono, de EEUU, que entiende que la devastación es un peligro de seguridad nacional, tanto interna como externamente. “Esto (las cuadrículas) es otro privilegio para las FFAA, pienso en las pensiones (jubilación), por ejemplo, son los únicos que reciben el 100%”, aludió.
La legisladora, además, cuestionó la falta de rendición del dinero de arrendamiento de las cuadrículas, y también recordó que Bolivia no cuenta con oro suficiente para respaldar su moneda, y que los cooperativistas hicieron un lío por la Ley del Oro, “de una manera que indigna, ya que pusieron condiciones, y el Banco Central de Bolivia (BCB) rogándoles por un recurso que es de todos. Y resulta que las FFAA, que son parte del Estado, tienen 60 km de derechos mineros que alquilan de una manera sospechosa”, afirmó.
Para ella, las FFAA están en un negocio oscuro, y además irregular porque no han regularizado su situación al no crear una filial, mientras el BCB está sediento de oro. “Por ese flanco, las FFAA están incumpliendo su deber con el Estado boliviano, sin mencionar el tema ambiental, que es estratégico, e incluso de inestabilidad social y política”, agregó.
La diputada de CC, María José Salazar, recordó a las FFAA que las órdenes judiciales son de obligatorio cumplimiento para todos, y que el artículo 112 de la Ley Orgánica de las FFAA estipula obligaciones fundamentales, entre estos acatar los preceptos de la Constitución Política del Estado (CPE).
“La CPE dice, en su artículo 245, que las FFAA tienen por misión fundamental asegurar el imperio de la Constitución. Negarse a hacer respetar el imperio de la ley es traición a la Patria, igual que contribuir a la enajenación de los recursos naturales de propiedad social del pueblo boliviano en favor de empresas, personas o Estados extranjeros”, dijo.
Así como se movilizaron para auxiliar en la extinción de incendios forestales, indicó Salazar, también pueden hacerlo para tareas de vigilancia con respecto a la minería ilegal en Madidi y norte de La Paz.
Otra denuncia surgió en el programa de John Arandia, en Radio Fides. Acogiéndose al artículo 8 de la Ley de Imprenta, invitó a un entrevistado del que mantuvo el nombre en reserva, para mostrar documentos sobre las concesiones mineras de Cofadena y contratos de arrendamiento, bajo la figura de actas voluntarias.
“Sorprende que las Fuerzas Armadas rechacen el cumplimiento de la orden de un juez, que tiene carácter taxativo, teniendo en cuenta que ellos, en el marco de la Ley Orgánica de las FFAA, están obligados a hacer frente a cualquier recurso que afecte a los recursos naturales”, dijo el invitado.
Agregó que lo llamativo es que la actividad minera no la realiza Cofadena, y que desde el principio ha sido terciarizada, y llamó “negros” a los contratos porque nadie sabe lo que sucede.
“Es imposible que con esto las FFAA quieran ingresar a la lucha por las áreas protegidas. Lo que sucede en las áreas de Cofadena es minería ilegal porque no está explotando Cofadena, sino un tercero”, se sumó a las críticas.
Rosendo Flores, presidente de la Central Minera Mapiri, en una de sus declaraciones dijo que pagan Bs 7.000 a Cofadena por cuadrícula, más un porcentaje del 10% por el oro extraído.
Cuestionó la transparencia de Cofadena “ ya que hay ingresos que no concuasan, hay un misterio en eso. Los anteriores gerentes han lucrado”, aludió.
Además, dejó claro el ‘poder’ minero, al advertir que las demandas no respondidas pueden derivar en un pedido de reversión de las concesiones de Cofadena, y que las marchas a La Paz mostraron que no son solo un sector artesanal, sino que tienen la capacidad de movilizar a cien mil personas.
EL DEBER solicitó la respuesta de la gerencia de Cofadena sobre este tema, se enviaron correos electrónicos y se llamó a la secretaria Mabel Vargas Flores, pero no hubo respuesta.
PARA SABER
EMPODERADOS
En 2019, Rolando Castro, entonces dirigente de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas de La Paz, informó que como sector rechazaron que Cofadena realice actividad productiva.
TRAS LAS ÁREAS PROTEGIDAS
En noviembre de este año, los cooperativistas marcharon en la sede de Gobierno, exigiendo
la apertura de las áreas protegidas a la actividad minera, la condonación de la deuda
a la Caja Nacional, y la otorgación de más concesiones, entre varios puntos.
CIFRAS
7.000 BOLIVIANOS POR CUADRÍCULA
Es el costo del alquiler de cada cuadrícula, que multiplicado por 206 da cerca de Bs 1,5 millones al mes para Cofadena.
10% EL PORCENTAJE POR ORO EXTRAÍDO
Es el que cobra Cofadena. Los mineros piden que sea 5% y que solo se pague de mayo a noviembre, cuando no hay lluvias y se puede trabajar en los ríos.
La Central de Pueblos Indígenas de La Paz reporta más de 100 mil hectáreas devastadas por los incendios. Pide al gobernador Quispe declarar "desastre departamental" y al Gobierno central trabajar en un plan conjunto post incendio para reactivar la región