El 21 de agosto de 1971 triunfó en La Paz uno de los golpes de Estado militares más violentos registrados en el país, que llevó a la Presidencia de la República al general Hugo Banzer Suárez y una coalición de los entonces partidos tradicionales: Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y Falange Socialista Boliviana (FSB), jefaturizados por Víctor Paz Estenssoro y Mario Gutiérrez, respectivamente.​

Es evidente, como no se cansan de reiterar los seguidores de Banzer, que no se trató de un golpe en contra de la democracia. Desde 1969, en que los militares, bajo la conducción del entonces Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Alfredo Ovando Candia, derrocaron a un gobierno democráticamente elegido, se sucedieron en el ejercicio del poder las diversas corrientes existentes en el ámbito castrense, más o menos convertido en un partido político. Así, derrocado Ovando y luego de una sucesión grotesca de juntas militares, se impuso una que levantó banderas de la izquierda, liderada por el general Juan José Torres, que alguna vez fue falangista, la misma que fue derrocada por una “nacionalista” de derecha, conducida por Banzer.

A 53 años de aquellas jornadas es posible observar con más cautela ese duro episodio, inscribiéndolo en el marco de la guerra fría en la que los países de la región estaban destinados a alinease, con más o menos intensidad, con vergüenza o sin ella, con EEUU, país que estaba guerreando con la ex URSS con determinación.

Tan es así que las dictaduras de aquella tenebrosa época fueron barridas cuando en el país del norte se convencieron de que ganaban la guerra fría si recuperaban la sensatez de defender en verdad los derechos humanos y la democracia (agradecimiento eterno a Jimmy Carter).

Lo que sigue en debate son dos factores de la conducción gubernamental. Uno, si era necesaria, luego del momento de la confrontación en 1971, ejercer tanta violencia represiva. La dictadura banzerista fue atroz y no dudó en participar en el famoso Plan Cóndor de “extermino” de los opositores radicales establecido entre las dictaduras militares.

El otro, los resultados de la gestión económica del septenio banzerista, período en el que el país obtuvo muchos recursos (siempre en relación a nuestra magnitud como país) sólo comparable con los que administró Evo Morales, y, ambos, con sus diferencias de objetivos terminaron conduciendo al país a una severa crisis. Grosso modo, en uno y otro período el destino de los recursos obtenidos fue a satisfacer a los sectores sociales favorables a los conductores del gobierno, en un marco de creciente corrupción.

Volviendo al presente, este 21 de agosto, el presidente del Estado ha dado un paso más en la organización (a la luz del día y en total impunidad) de un golpe de Estado: ha presentado al Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), cuatro preguntas que incluiría en un sui generis referendo que él está dispuesto a convocar por encima de la CPE y las leyes, y en contra de la pacífica convivencia ciudadana.

Obviamente sin, aún, tanques en las calles (aunque ya hubo una especie de prólogo), se trata de un golpe a la institucionalidad democrática del país, cuyas consecuencias, si se mantiene el capricho presidencial (apoyado por su ministro de ¿Justicia?, de quien ya escucho sus dientes chirriar cuando sea condenado al infierno), son muy peligrosas porque pueden empujar al país a una confrontación interna.

Así, como el 21 de agosto de 1971 la vida política del país se definió en las calles, el 21 de agosto de 2024 se la quiere definir a través de decretos presidenciales y referendos amañados. En 1971 la decisión final dependía de con cuántas unidades militares contaba cada facción; la de 2024 lo será por cuántos magistrados del TCP y vocales del OEP cuenta cada posición.

En definitiva, son pedagógicas las coincidencias de hechos políticos…