En la primera quincena de agosto, cuando el área protegida nacional Parque Otuquis estaba en medio de un incendio originado en la propiedad Santa Angélica (de Freddy Barbery), llegó una solicitud de permiso de ingreso al predio Santa María, supuestamente propiedad de Giovanna Varalta Ciavolella.
En esa oportunidad el ingreso fue autorizado por la dirección del parque, dependiente del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), que al percatarse del error inició un proceso de desalojo el 11 de septiembre, ya que los ocupantes no presentaron documentación original, pero además se trataba de tierra fiscal, es decir propiedad del Estado boliviano.
Según las denuncias desde el mismo Sernap, el 9 de septiembre, en la dirección de Otuquis se apersonaron Robert Lehms, en representación de Varalta; Juan Carlos Villagómez, ex funcionario de la ABT; e Ignacio Parapaino, secretario de Justicia de la Cidob, y hablaron con el entonces director, Marco Canaviri, y el administrador de esa área protegida, Fernando Enrique Mérida.
De acuerdo a las afirmaciones de algunos actores del encuentro, uno de los temas abordados era la solicitud de prórroga para la permanencia de estas personas por tres meses para que demuestren antigüedad, ya que el INRA daría viabilidad, luego de una nueva inspección.
“Lo que intentó el dirigente de la Cidob fue interceder y presionar, asegurando que no habría problemas. Lo que sabemos es que la familia brasileña que está intentando entrar tiene mucho dinero y tierras en Cuatro Cañadas y en otros puntos. El ex funcionario de la ABT dijo que tenía los contactos necesarios para que los papeles salgan en tiempo record”, dijeron.
Amparo
Ante la presión de desalojo y la negativa del Sernap de permitir el ingreso de maquinaria, alimentos y otros insumos al denominado Rancho Santa María, Varalta interpuso un amparo constitucional en la Sala Segunda, de los vocales Aldo Quezada y Efraín Cruz Limachi.
En representación de Varalta firma los documentos Arlindo Pontremolez Varalta, naturalizado boliviano en 2013, un año después de la reversión para el ex propietario Juan Miglino Vargas, y el mismo año cuando Giovanna Varalta adquirió el predio en Otuquis, según la minuta de transferencia y datos de la Gaceta oficial.
Entre los argumentos del amparo, los demandantes cuestionaron el poco tiempo que les dio la dirección del Sernap para la presentación de la documentación original del Rancho Santa María, pero además el abuso contra Varalta “en su condición de mujer”.
Asimismo, el recurso remarcó que el ingreso no es a la zona parque (de protección estricta), sino al Área Natural de Manejo Integrado (ANMI), que permite actividades antrópicas.
Del mismo modo, el amparo plantea que el sector ganadero se queja de los abusos en la tranca del área protegida, que les impide ejercer libremente su actividad económica denuncias que -arguye- quedaron plasmadas en el acta del 17 de septiembre, tras una reunión entre Asogaps, representantes del área protegida y la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN).
Desde el Sernap aseguraron que la citada reunión con FAN y otros actores tenía una finalidad distinta. “Se convocó a los involucrados en el parque para la actualización del plan de manejo y se llamó a los actores sociales, pero los Varalta quieren mostrar apoyo de los ganaderos, cosa que no es cierta”, aclararon.
Versión del INRA
El 18 de septiembre, a través de documento, el Sernap solicitó al INRA la reconfirmación del estado legal de estas tierras, como fiscales no disponibles.
Recién el 7 de octubre, desde esa instancia se confirmó lo sostenido inicialmente por el Sernap, que se trataba de tierras fiscales no disponibles.
El informe técnico DGAT-INF 5060/2024, elaborado por Rómulo Renán Cordero Callizaya, monitoreador de tierras fiscales del INRA, y dirigido a Fabiola Katherine Barrero Orellano, directora general de Administración de tierras fiscales, concluye que “revisada la base de datos gráfica y alfanumérica de la Dirección General de Administración de Tierras, y contrastando con el plano adjunto al memorial, se tiene que producto del saneamiento se emitió la Resolución Administrativa RA-ST 320/2013, de febrero de 2013, que declara tierra fiscal (el predio), a nombre del INRA, en representación del Estado Plurinacional”.
Asimismo, el documento remarca que esa tierra está en calidad de no disponible, por sobreponerse al Parque y al ANMI Otuquis.
Por otra parte, Raquel Lobo, dirigente de la comunidad Colonia, cercana a Otuquis, aseguró que nunca vivió alguien en el Rancho Santa María, ni siquiera cuando era propiedad de Miglino.
Agregó que el dirigente de la comunidad San Juan incluso fue parte del control social durante el proceso de reversión de 2013.
En la primera semana de octubre se produjo un cambio en la dirección del Sernap, desde la oficina central en La Paz se destituyó a Marco Canaviri, que se encontraba tramitando el desalojo. En su lugar fue designado Walter Michael Méndez Saucedo, quien tendría que asumir el litigio en el Tribunal Agroambiental, por iniciarse esta semana.
EL DEBER pidió dos veces una versión a Robert Lehms, quien solicitó el ingreso a nombre de los Varalta, pero no respondió.
Asimismo, se contactó a Ignacio Parapaino, de la Cidob, quien negó las acusaciones y las atribuyó al resentimiento por la destitución del anterior director.
Recalcó que no existen papeles que confirmen esas denuncias.
También se contactó a Alex Villagómez, ex funcionario de la ABT. Su respuesta fue “estás perdiendo tu tiempo”.
Entre el 10 y el 12 de septiembre, en el alodial se inscribió un gravamen de 15 mil dólares, en favor de Giovanna Varalta, y aprobado por Jessica Chuvé Paz Soldán, operadora de Derechos Reales de Puerto Suárez.
PARA SABER
AUDIENCIA
En estos días, las partes acudirían a la instancia agroambientalp.
EN BRASIL
De acuerdo al banco de datos empresarial de Brasil, CNPJ BIZ, Giovanna Varalta es productora rural, con fecha de apertura de su emprendimiento en julio de este
año, un mes antes de solicitar el ingreso a Otuquis.
GRUPO EMPRESARIAL
Varios miembros de la familia Varalta son parte de Shamah Participações Ltda, dedicada a actividades de holdings no financieras, y también a transacciones inmobiliarias, alquiler de propiedades, etc