La reciente propuesta del Gobierno, contenida en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, ha desatado una ola de críticas entre los sectores industriales y agropecuarios del país. La disposición que faculta a las entidades competentes a confiscar productos a aquellos actores de la comercialización de alimentos que almacenen, retengan o encarezcan precios, ha sido rechazada de manera contundente por la Cámara Nacional de Industria (CNI) y la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO). Este rechazo no solo se basa en la defensa de los intereses de estos sectores, sino que también plantea serias preocupaciones sobre la seguridad jurídica y la estabilidad del abastecimiento alimentario en el país.

La industria ha expresado su temor ante una medida que, según su criterio, genera un clima de “total inseguridad jurídica” para la iniciativa privada. Esta inseguridad podría llevar a las empresas y microempresas a optar por la paralización de sus actividades productivas, ante el riesgo de sufrir arbitrariedades por parte de funcionarios públicos. Un escenario así, lejos de garantizar la disponibilidad de alimentos, podría desencadenar un efecto dominó que resulte en escasez, caída de la inversión, aumento del desempleo y disminución de las recaudaciones tributarias. En un contexto donde la economía atraviesa desafíos significativos, es imperativo que se promuevan políticas que fomenten el desarrollo económico, en lugar de medidas que siembren el miedo y la incertidumbre.

Por su parte, la CAO argumenta que la producción y la oferta de productos agrícolas no dependen de amenazas o restricciones, sino de condiciones propicias para el trabajo. La intervención indiscriminada en las cadenas productivas, advierten, podría marcar un punto de inflexión destructivo que afectaría no solo a los productores, sino también a la población en general, que depende de un abastecimiento estable y constante de alimentos. Los agropecuarios hacen hincapié en que la lucha contra la especulación debe centrarse en el incremento de la oferta, y no en la coerción, ya que las amenazas no generarán más productos en el corto plazo.

Desde el Gobierno, han defendido la iniciativa, argumentando que la disposición busca garantizar precios justos para la población. Sin embargo, este enfoque peca de simplista al ignorar el complejo entramado que constituye la producción y venta de alimentos. La fiscalización y la regulación son necesarias, pero deben ser implementadas de una manera que no atente contra la seguridad jurídica y que incentive la producción, en lugar de frenarla.

El camino hacia un abastecimiento alimentario seguro y sostenible no se encuentra en medidas represivas, sino en la creación de un entorno propicio para la inversión y la producción. La colaboración entre el Gobierno y los sectores productivos es fundamental para abordar los desafíos que enfrenta el país. Es esencial que se prioricen políticas que fortalezcan la capacidad productiva y que se evite la implementación de disposiciones que amenacen la estabilidad del sector agroindustrial.

Los legisladores no deben permitir que se incluya en la ley del PGE 2025 la intervención indiscriminada en las cadenas productivas. La defensa de la seguridad jurídica es crucial para garantizar no solo el bienestar de los productores, sino también el acceso a alimentos asequibles y de calidad para toda la población. En tiempos de incertidumbre, es necesario construir puentes, no muros.