La Cámara de Diputados cumplió más de un mes con el proyecto de ley de elecciones judiciales encerrada en un cajón. De esta forma, el ala ‘arcista’ descarta que el proceso se celebre este año y busca otro mecanismo para seleccionar a los magistrados del Órgano Judicial. Ante este escenario, los ‘evistas’ y la oposición coinciden en que el vicepresidente David Choquehuanca debe convocar una sesión de la Asamblea Legislativa para evitar las acefalías o la postergación del mandato en el Tribunal Constitucional Plurinacional, en el Tribunal Supremo de Justicia, en el Tribunal Agroambiental y en el Consejo de la Magistratura.

El diputado ‘evista’ Gualberto Arispe afirmó que “agotando todas las instancias que correspondían, en este momento la situación no depende de Jerges Mercado (presidente de Diputados), sino que la decisión está en manos del vicepresidente David Choquehuanca, como lo dispone la normativa”.

Por ello, complementó que el Gobierno tiene su estrategia. “Tengo información de que apuntarán a una ley corta y en este momento están seduciendo a la oposición, veremos si CC y Creemos se dejan comprar”, dijo Arispe.

Complementó que “por mandato de la CPE, Choquehuanca tiene que asumir su trabajo. Si no lo hace, y no convoca sesión de Asamblea para tratar el proyecto de ley para las elecciones por tiempo y materia, incurre en el delito de incumplimiento de deberes. Iniciaremos el proceso de juicio de responsabilidades si es necesario”.

En la misma línea, el diputado Carlos Alarcón, de CC, señaló que “las elecciones judiciales no están muertas porque el vicepresidente debe convocar al pleno de las dos cámaras, porque la CPE dice que si pasan 30 días sin que la cámara se pronuncie sobre una ley, pierde competencia, y ésta pasa a la Asamblea. Esto se puede salvar, pero falta voluntad política”.

Alarcón manifestó que “el Gobierno puede seguir saboteando, pero veremos si el vice presidente cumple su misión con la CPE y con el país; si no lo hace, incurre en un delito, en este caso incumplir con un deber constitucional”.

Tanto el ‘evismo’, como los ‘arcistas’ enviaron cartas al segundo mandatario para que asuma esta responsabilidad.

Mientras, el diputado cochabambino José Luis Flores, del ala ‘evista’, señaló que el 2 de enero no continuarán en funciones las actuales autoridades judiciales. “Tengo entendido que se podría nombrar interinos, pero más allá de todo eso, el mismo Tribunal Constitucional nos dará una línea para solucionar este tema. Debemos garantizar que el 1 de enero hayan cambios y que cerremos las puertas a las prórrogas”, aseveró.

La propuesta, explicó, consiste en elaborar una ley corta, en la que se designe magistrados interinos, apoyados por dos tercios de la Asamblea, lo que garantizará que serán ciudadanos con méritos. 

Por su parte, el diputado George Komadina, de Comunidad Ciudadana, no creyó esa versión y señaló que el ala ‘arcista’ y “el Gobierno no quieren que haya elecciones judiciales y están apostando por una prórroga indefinida de los actuales magistrados. El TCP aceptará la demanda precautoria presentada por el TSJ”, así que para él está claro que si los propios interesados en mantenerse en sus puestos pueden llegar a definir su destino es obvio que van a dictaminar lo necesario para quedarse.

Por su parte, el vocero del MAS en Chuquisaca, Elmar Callejas, consideró que “las elecciones judiciales no se pudieron realizar por la pugna interna entre ‘evistas’ y ‘arcistas’ por el poder que dejó sin mayoría al MAS. Si la fuerza mayoritaria está dividida es natural que lleguemos a un momento de inviabilidad, ingobernabilidad en el tema judicial”.

Consideró que la solución pasa “porque la clase política haga un escenario de reconciliación o tregua de estas disputas, para priorizar algunos temas en el país. Esto, sin embargo, no lo lograremos electoralizando el país antes de tiempo”, manifestó.

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