Una frase que escuché en sermones sobre administración de las finanzas personales resuena en mi mente: “Un presupuesto es a donde quieres que vaya el dinero, para que al fin de año no te preguntes: ¿dónde se fue mi dinero?”.

Este principio, tan sencillo como contundente, subraya la importancia de planificar y priorizar. Sin embargo, el proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 parece más una lista de omisiones que una guía clara para el futuro. Y lo digo con pena y preocupación.

El PGE no es solo un instrumento financiero; es una declaración de intenciones sobre hacia dónde queremos dirigir nuestro país. Lamentablemente, lo que revela el PGE es preocupante: desequilibrios profundos que comprometen tanto la sostenibilidad económica como la estabilidad de las finanzas públicas.

El alto déficit fiscal proyectado para 2025, más de 9% del PIB, no es solo una cifra alarmante; es un síntoma de la agudización de la crisis. Mientras otras economías emergentes luchan por mantener déficit controlados, Bolivia parece desafiar las bases de la prudencia fiscal. La mayoría de este déficit será financiado con deuda interna y externa, una estrategia que nos coloca en una situación de alta vulnerabilidad.

La emisión monetaria, que ya ha asomado en estos años como una opción, es un camino peligroso y conocido. En países similares, esta práctica ha generado inflación, debilitado la confianza en la moneda local y provocado descontento social. Bolivia no es inmune a estos riesgos, especialmente si la percepción económica sigue deteriorándose.

A su vez, el endeudamiento externo, que incluye la emisión de bonos por USD2 mil millones, también bloquea las reservas internacionales en oro, ya en niveles críticos. Y, lo que es peor, seguir recurriendo a los fondos de los trabajadores a través de la Gestora Pública no solo hipoteca los sueños de millones de bolivianos, sino que también agrava la desconfianza ciudadana.

La estrategia de financiar el déficit fiscal a toda costa también desincentiva la inversión privada, vital para el crecimiento sostenido y la generación de empleo. Al mismo tiempo, la intervención estatal y los controles de precios incrementan la incertidumbre y ahuyentan el capital.

El Banco Central de Bolivia (BCB), que debería ser el ancla de la estabilidad monetaria, ha perdido desde hace varios años su escasa independencia al someterse al Tesoro General de la Nación. Esta subordinación debilita su credibilidad y limita su capacidad de actuar ante la escalada inflacionaria.

En un momento en que hay signos de extenuación, el PGE 2025 carece de estrategias concretas para estabilizar la economía. Mi principal disconformidad es que es un documento que resume el presupuesto del año anterior. Hace muy bien en parafrasear el texto de un año atrás, pero es espantosamente malo porque es casi una copia, en un momento que se requiere de ideas claras y firmes.

Es paradójico, pero el PGE ve un mundo en crisis multifacética, y alude a nuestro país como si no existiese ninguna crisis.

¿Qué se debe hacer?

Es hora de tomar decisiones valientes y necesarias. Bolivia necesita un ajuste fiscal ordenado que estabilice las cuentas públicas sin asfixiar la economía. Esto implica, entre otras cosas: a) priorizar inversiones de alto impacto, enfocadas en infraestructura y capital humano; b) reformar los subsidios regresivos, orientándolos hacia los sectores más vulnerables; c) fortalecer la base tributaria mediante la lucha contra la evasión fiscal; y, d) la independencia e idoneidad del BCB debe ser restaurada para garantizar la estabilidad.

El PGE es muy inteligente en cuanto a resolver los problemas de 2025, como si al año se acabaría el mundo, pero es muy torpe al no contemplar que hay más vida después de 2025.

Los desequilibrios económicos no se resuelven negándolos. Necesitamos liderazgo que piense en las futuras generaciones y en el bienestar colectivo. Ignorar esta realidad solo incrementa el costo que eventualmente todos tendremos que asumir.