“Santa Cruz, su área rural, es de 35,8 millones de ha. Eso es sobre lo que tiene competencia el INRA. Este año hemos cerrado (el saneamiento) al 95% en Santa Cruz, nos falta casi el 5%, que, redondeando, equivale a 1,9 millones de hectáreas. En cuanto a la tenencia de la tierra, el 49% del territorio rural de Santa Cruz es tierra fiscal. Estamos hablando de 16,6 millones de ha. Es un patrimonio muy importante. No hay otro departamento que tenga esta estructura. Y por eso es importante escuchar casos específicos como el de Bajo Paraguá, hoy amenazado”, dijo Eulogio Núñez, director nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

El comentario lo hizo como parte de su exposición en el Foro Estado y Problemática de la Inseguridad Jurídica de la Tierra en Santa Cruz, organizado por la diputada chiquitana de Creemos, María René Álvarez, realizado la semana pasada en la Brigada Parlamentaria cruceña.

A la convocatoria respondieron con su participación, además, representantes de pueblos indígenas, como Bajo Paraguá, municipio de San Rafael, productores pequeños, ganaderos de Guarayos, asociados a la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), cívicos de las provincias y otros.

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Después de la tierra fiscal, en tenencia de la tierra y extensión en Santa Cruz, le siguen la propiedad mediana y empresarial, con el 20%; las tierras comunitarias de origen (TCO/TIOC), con el 16%; la pequeña con el 10%; y la comunitaria, con el 5%.

A escala nacional, sobre la base de la tenencia de la tierra el área fiscal (propiedad del Estado boliviano) no disponible (no apta para dotarse), llega al 24%, es decir a 23,2 millones de hectáreas, sobre una superficie rural total de 103 millones bajo competencia del INRA.

La tierra fiscal disponible alcanza el 5% (4,5 millones de hectáreas), la comunitaria el 18%, la empresarial y mediana el 16%, y la pequeña propiedad el 10%.

“En la categoría no disponible en Bolivia tenemos 23,2 millones que se sanearon y entregaron a las entidades correspondientes. Si son áreas protegidas nacionales, al Sernap; si son áreas de reserva forestal, pues a la ABT, o en el caso de Bajo Paraguá, es una reserva municipal, es decir que está administrada por la Alcaldía de ese municipio (San Ignacio de Velasco)”, dijo Núñez.

Sin embargo, Rosa Leny Cuéllar, de la Fundación para la Conservación del Bosque Seco Chiquitano (FCBC) le recordó que al ser también reserva forestal (tierra fiscal no disponible), hay competencia de otras instancias en Bajo Paraguá.

“No hay solo responsabilidad del Municipio, sino también del Estado Nacional en la gestión de ese territorio. No dejemos solos a los comunarios que lo defienden”, demandó.

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El área protegida municipal Bajo Paraguá fue uno de los casos emblemáticos del foro organizado por la diputada Álvarez, tanto porque ella representa a la ecorregión Chiquitania, como también porque este 2024, esa zona ha sufrido el mayor daño, con una deforestación de casi mil hectáreas, según datos de Natura, y más de 100 ha incendiadas, de acuerdo a los informes de la FCBC.

Rosa Leny Cuéllar además pidió poner un freno a este deterioro del territorio y de los recursos naturales por ese sector.

Pastor Soliz, como presidente del Comité de Gestión de Bajo Paraguá, entregó una carta a Eulogio Núñez en el evento, pidiéndole la no dotación a colonos en esta parte, nombrada como reserva natural desde 2021. Fue a partir de esa fecha que los desmontes se aceleraron, con mayor velocidad este 2024.

Núñez recalcó que, por lo menos en su gestión, no se han entregado ni se van a entregar dotaciones en esa parte de San Ignacio de Velasco.

Dino Franco, cívico ignaciano, cuestionó que los colonos lleguen con títulos bajo el brazo, por encima de los originarios, muchos de los cuales aún no tiene sus predios saneados.

Lamentó que hasta la fecha no han podido ir a realizar las inspecciones y desalojos por “falta de efectivos de seguridad”. Dijo que esa labor podría ser cumplida por los policías que desde hace poco custodian el centro de control por esa zona, instalado por Ministerio de Gobierno.

Pero el de Bajo Paraguá no es el único caso. Desde San Rafael llegaron también representes de productores y Comité Cívico, que interpelaron al INRA porque desde hace más de diez años hay gente asentada desmontando tierras que son propiedad del Estado boliviano, y donde el daño ya superado las 9.000 ha.

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Aunque no lo dijo públicamente, uno de los que intervino admitió que se refería al terreno conocido como Casa Grande, donde hay intereses fuertes de grupos empresariales.

EL DEBER confirmó que existen permisos de la ABT para desmontes en ese sitio desde 2016 e incluso de parte de la actual gestión, que aún no da su contraparte.

Se hizo llegar las coordenadas al director del INRA para que verifique si esa tierra fue dotada o no en el último año, y Núñez se comprometió a revisar su base de datos.

“Son las mismas temáticas en todos los municipios y hasta ahora no se resuelven”, dijo la diputada.

Ricardo Valverde, director de Ordenamiento territorial de la Gobernación de Santa Cruz, admitió que, si bien la distribución de la tierra es una competencia del nivel central, la Gobernación tiene la tuición sobre el uso del suelo, obedeciendo a la Ley del PLUS.

“Para otorgar tierra o asentamiento es indispensable el requisito que es el certificado de so de suelo. En su gestión con ninguno de los títulos se ha contemplado esto, lo que es una violación a una ley y una violación a la economía de Santa Cruz. En el caso de la Comisión Agraria Departamental (CAD), el director departamental del INRA es el secretario nato fijo, y sin embargo se ha rehusado a estar presente en las convocatorias. La CAD está en la ley”, increpó.

A la ABT, Valverde le observó que el cambio de uso de suelo sigue siendo un requisito, y que la ABT, y también el INRA, están usurpando funciones. “Santa Cruz tiene en sus manos el PLUS y tiene el POP. Entonces, esto que acaba de decir, el certificado de uso de suelo sigue siendo un requisito, es un requisito desde 1995”, apuntó.

Fin del saneamiento

Este 2025, de acuerdo a lo comprometido por el novel central, el saneamiento debería culminar.

Según Núñez, ahora está con un avance de 93% a escala nacional, y de 95% en Santa Cruz, pero informó que para esta finalización es necesaria la probación en la Asamblea Legislativa de un crédito del BID.

Sobre este punto, Álvarez observó lo dicho por Eulogio Núñez. “Indicó que, si no se llega a aprobar este préstamo, los predios no saneados serían avasallados, entre comillas, por la inseguridad jurídica al no estar titulados. Entonces, para mí eso suena como una amenaza”, dijo.

Agregó que, al no tener rodillo en la Asamblea, hoy se ven ante la necesidad de ir pidiendo a distintos sectores que puedan colaborar para la aprobación de este crédito. Sin embargo, el mismo Núñez dijo que tienen identificados a los que incendian, y que se encuentran justamente en este porcentaje de tierra que aún faltan por titular”.

PARA SABER

Santa Cruz posee en su área rural 35.8 millones de hectáreas, de las que solo resta sanear 1,9 millones, de acuerdo con datos actualizados del INRA y que se presentaron recientemente.

Bajo Paraguá

Esta es una de las áreas más apetecidas por los tomadores de tierras. Además, hay varios cientos de hectáreas quemadas para abrir paso a nuevos asentamientos y comunidades.

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