La justicia en Uruguay determinó sentenciar a una pareja, una abogada de 44 años y a su esposo, un empresario de transporte, acusados de formar parte de una organización criminal dedicada al tráfico de droga a Europa, vinculados al narcotraficante prófugo Sebastián Marset Cabrera.

De acuerdo al informe policial uruguayo, la jurista identificada como Ana María Bugliari y su esposo, eran un eslabón muy importante de una cadena que recibe cocaína y pasta base para enviarla a Europa por mar. Ambos trabajaban como asesores al contactar a pequeñas y medianas empresas exportadoras y contratando pilotos para ingresar droga al país.

Entre sus operaciones destacadas se encuentra la participación en la incautación de 900 kilos de cocaína en Ciudad del Plata y varios allanamientos en Cerro.

El nombre de Ana María salió a la luz pública cuando asumió la defensa jurídica de presuntos narcotraficantes, en un caso denominado “narcoavionetas” y el tráfico de montenegrinos vinculados a un cartel denominado los Balcanes. Pero una denuncia anónima reveló su implicación directa en esta red criminal. Los investigadores confirmaron que tenía contacto directo con Marset y participaba activamente en la selección de empresas para facilitar el transporte de drogas.

Ana María volvió a aparecer en las sedes judiciales. Esta vez, fue defensora de montenegrinos acusados de pertenecer al cartel de los Balcanes. Fueron detenidos en marzo de 2023 en el marco de un operativo en el que se incautaron 489 kilos de cocaína en paquetes con calcomanías de Mickey y Pluto, recuerda el diario uruguayo.

Hace unos meses llegó una denuncia anónima contra ella y su pareja, el propietario de una empresa de transporte que tiene acceso al puerto de Montevideo. En la denuncia se mencionaba el vínculo que la defensora y el empresario tenían con bandas narcotraficantes.

Durante las investigaciones, la abogada no pudo negar su participación y fue condenada en un proceso abreviado, que implica el reconocimiento del delito a cambio de una pena menor.

Bugliari fue condenada a cinco años y seis meses de prisión por un delito de organización a las actividades del narcotráfico, mientras que su pareja recibió una condena de tres años y seis meses de penitenciaría como cómplice responsable del mismo delito.

La Policía ejecutó cuatro operativos en poco más de un mes para intentar desarticular a una organización de narcotráfico internacional, que tiene una estructura basada en Uruguay y enlaces poderosos en Sudamérica y Europa. 

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